Pepe Mejía | Corrupción, responsable de matanzas y violación de derechos humanos, alineamiento con Estados Unidos firmando el Tratado de Libre Comercio (TLC), indulto a más de 1.167 narcos en lo que se llamó los “narco indultos”, creación y protección del Comando Rodrigo Franco (CRF), un grupo paramilitar que eliminaba a opositores, impulsor de políticas económicas que hizo aumentar la pobreza, el hambre y la muerte entre miles de peruanos y peruanas con una hiperinflación que llegó a al 7.000 por ciento. Esta es la fulgurante trayectoria de Alan García, que siempre esquivó a la justicia y se fue inmune de condenas hasta su muerte.

Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fue su mentor. Aunque en su primer mandato hizo amagos de enfrentarse a Estados Unidos y a las grandes empresas transnacionales, incluyendo una polémica decisión que restringía unilateralmente el pago de la deuda externa al equivalente del 10% de las exportaciones, pronto se alineó con las políticas neoliberales en el continente. Y junto a este cambio de posición se empezó a relacionarse con diversos casos de corrupción.

Un informe, elaborado por el embajador de USA en Lima, James Curtis Struble, en diciembre de 2006, decía: “Aparentemente, no tiene la ambición de cambiar el mundo, de reordenar las realidades políticas y económicas de acuerdo a una nueva ‘visión’ de Latinoamérica o de crear un nuevo socialismo o al hombre bolivariano”. En el mismo informe se afirmaba que Alan García, el protegido de la socialdemocracia europea, era “un socio fiable de EE.UU. que juega un papel constructivo en una complicada Sudamérica caracterizada por el resurgimiento del populismo y periódicos estallidos de tensión”.

Muy amigo de Felipe González, el de la cal viva, Alan García ha tenido como uno de sus rasgos característicos de sus mandatos la violación constante de los derechos humanos. Durante uno de sus mandatos, en junio de 1986, ordenó la masacre de más de 300 detenidos en los penales de Lima. La masacre fue bendecida por la plana mayor de la Internacional Socialista que celebraba en Lima su 17 Congreso. Allí estaban Elena Flores, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, el ex ministro Enrique Barón, que llegó a ser presidente del parlamento europeo, y Ludolfo Paramio de las Fundación Pablo Iglesias. Carlos Andrés Pérez, el protagonista del llamado “caracazo” en donde murieron 300 personas en Venezuela, y Willy Brandt acompañaron a García ante la prensa para justificar terrible matanza.

En 1985 se crea, desde las entrañas del gobierno de Alan García, el grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco (CRF). El CRF se estrena el 28 de julio de 1988. Mientras Alan García pronunciaba un discurso, cinco balazos asesinaban al abogado Manuel Febres. Al año siguiente, dos estudiantes a quienes se les sujetaron cargas explosivas, volaron en pedazos. Desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Perú (CODDEH-PERÚ) en Madrid denunciamos la existencia de este grupo paramilitar y publicamos un exhaustivo informe, “Perú. Paramilitares”, en el que se detalla el origen, desarrollo, integrantes y formas de actuar de este escuadrón de la muerte.

En el año en que se crea el CRF, 1985, se comete otra masacre de presos, lo cuenta Willy Fernández Melo, a quien conocí en una visita que hice a la cárcel. “En 1985, García Pérez ordenó el asesinato de unos 40 detenidos en Lurigancho, les dispararon con bombas de fósforo. Yo, pude ver los restos pegoteados alrededor del pabellón Británico”.

Además de estos espeluznantes hechos, hubo otros más. Por ejemplo la violación de nueve mujeres, cometida por militares y amparadas por el gobierno de Alan García, en las comunidades de Manta y Vilca en Huancavelica entre 1984 y 1991.

El 5 de junio de 2009, Alan García y su ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, ordenaron la masacre de Bagua. 33 personas fueron asesinadas mientras las fuerzas policiales desalojaban a cinco mil nativos de diversas etnias.

Permitió la violación de los derechos humanos y alentó la represión. El gobierno de Alan García no encontró una mejor vía que la de criminalizar la protesta. En julio de 2007, vía decretos legislativos, autorizó la inmunidad para la represión, cuando modificó el Código Penal y eximió de responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policiales, además de criminalizar la labor de las ONG internacionales que apoyaban a sectores sociales en sus reivindicaciones.

En diciembre de 2010, salió a la luz la nueva hornada de filtraciones de Wikileaks, un enorme número de cables diplomáticos de Estados Unidos. Entre el material sustraído al Departamento de Estado había documentos referentes a Perú y a García, y allí se revelaban cosas como que la Administración aprista había solicitado al Comando Sur de Estados Unidos ayuda de inteligencia y material para aniquilar a senderistas y evitar que sus desmanes criminales fueran a más.

Durante su sinuosa carrera, que se inició “enfrentándose” al imperialismo, no tuvo empacho en apoyarse y apoyar a la derecha más retrógrada. Desde su privilegiada posición de cualificado representante del más aberrante populismo latinoamericano, no tuvo reparos en apoyar a Fujimori para derrotar a Mario Vargas LLosa. Apoyó públicamente a los militares que participaron en las ejecuciones extrajudiciales contra militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la toma de la embajada de Japón en Lima. Respaldó al presidente Uribe en el tema de las bases militares estadounidenses en Colombia.

En las presidenciales del 2016 postuló en una lista junto a Lourdes Flores, la lideresa del socialcristianismo que tanto le combatió cuando él en los ochentas estatizó bancos privados. Sin embargo, en esta oportunidad apenas bordeó el 5%, con lo cual su partido casi pierde su inscripción legal pero él quedó muerto como esperanza electoral.

Acusado de recibir coimas (sobornos) de la constructora brasileña Odebrecht, en la construcción del metro de Lima, quiso eludir la acción de la justicia pidiendo asilo, en noviembre del pasado año, en la embajada de Uruguay. Asilo que se le negó.

Nunca sabremos las razones de su suicidio pero puede que un hecho de su vida haya influido en su decisión de no ir a la cárcel. La dictadura de Manuel Odría (1948-1956) encarceló a su padre, Carlos García Ronceros “El mudo”, porque no hablaba con nadie en prisión, responsable de organización del partido en esas fechas. Cuando el pequeño Alan tenía cinco años pudo conocer personalmente a su padre. Según Renato Cisneros, “prefirió eludir la justicia y buscar la canonización política de sus huestes antes que regalarle a sus adversarios la inolvidable postal de su encarcelamiento”.

Lo que si es cierto es que fue fiel a su canción favorita: “hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”.