Eduardo Tamayo Belda | La semana pasada, el colectivo predoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid boicoteó un acto oficial de la institución por su 50º Aniversario —en presencia del Rector— en señal de protesta por la actitud vacilante de la UAM a la hora de actualizar los salarios del personal docente-investigador en formación, a quienes legalmente corresponde una subida salarial de acuerdo con su nuevo Estatuto, publicado en el BOE en marzo de este año. La movilización fue secundada y apoyada presencialmente por otros sectores laborales de la Universidad, como el personal de mantenimiento, el de limpieza, y el colectivo de jubilados y jubiladas de la institución.

En el sistema educativo superior español existe una figura laboral —la del Personal Docente e Investigador en Formación— que engloba a la mayor parte de jóvenes docentes e investigadores, profesionales que con el paso de los años terminan siendo parte fundamental del cuerpo docente universitario nacional (tanto en instituciones públicas como en las universidades privadas).

Hace ahora ocho años, la promulgación de la “Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” estableció un plazo máximo de dos años para elaborar y publicar un nuevo Estatuto para el colectivo predoctoral, integrado en parte por todos estos jóvenes docentes e investigadores.

Dicho estatuto, que de acuerdo a la Ley debía haber estado aprobado en 2013, llegó al BOE en marzo de 2019, con casi seis años de retraso y con recortes importantes en sus prerrogativas. Estos recortes se debieron, en primer lugar, a que el Gobierno del Partido Popular —con quien se negoció durante la mayor parte del tiempo— nunca tuvo voluntad clara de mejorar las condiciones salariales ni de revisar los derechos y obligaciones laborales de los jóvenes investigadores para atajar la fuerte precariedad que afectaba al colectivo; y segundo, porque una vez producido el cambio de Gobierno tras la moción de censura de hace un año, el Ejecutivo del PSOE tampoco mejoró las condiciones del acuerdo que se había alcanzado con el PP (que era de mínimos y al que costó mucho llegar). Tampoco se puede olvidar que en el texto definitivo publicado en el BOE desaparecieron —como por arte de magia— cláusulas y acuerdos a los que sindicatos y asociaciones habían llegado con los negociadores del PSOE en los días y semanas previas, haciendo que por enésima vez la palabra del actual partido de Gobierno —que se dice de izquierdas y proclive a lo social— se deslizara de nuevo y de manera preocupante hacia el terreno de la deshonestidad política, desoyendo las necesidades de un colectivo fundamental para la docencia universitaria y la investigación pública en nuestro país.

Así, tras años de organización, protesta, negociaciones y de sorpresas de última hora, se consiguió un Estatuto del Personal Docente e Investigador en Formación digno en marzo de 2019, cuando fue aprobado por Real Decreto el nuevo EPIF; este Estatuto aún dista mucho de lo que las asociaciones de predoctorales consideran justo y necesario para el ejercicio de su profesión y el sostenimiento de una educación e investigación universitarias y públicas de calidad. No obstante, aunque sus condiciones actuales son manifiestamente mejorables, el EPIF corrige al menos algunos aspectos fundamentales de los derechos y obligaciones laborales del colectivo, y establece unos nuevos criterios en los mínimos salariales del Personal Docente-Investigador en Formación —criterios que de hecho eran los determinados por la Ley de la Ciencia de 2011—, que debían aplicarse en todas las universidades públicas españolas desde marzo de este año, pues la entrada en vigor del EPIF era de carácter inmediato a su aparición en el BOE.

Pues bien, publicado ya el EPIF, algunas universidades parecen no querer aplicarlo, negándose a cumplir lo legalmente establecido en la reglamentación del Real Decreto del 15 de marzo de 2019 que aprobó el Estatuto de los predoctorales con contrato público; este parece ser el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, que aún no ha aplicado en las nóminas de sus contratados y de sus contratadas predoctorales las subidas salariales a las que obliga el EPIF.

En opinión de la asociación de jóvenes investigadores denominada “Asamblea Dignidad Predoctoral UAM”, la pelota está en el tejado del Rector, a quien como máximo dirigente de la institución corresponde dar las instrucciones pertinentes para actualizar las retribuciones del personal docente-investigador en formación de acuerdo a los mínimos establecidos en el EPIF, y así hacer cumplir la ley.

Sin embargo, ante las reiteradas negativas por parte del máximo órgano rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que desde marzo viene dando largas y señales ambiguas en cuanto a su voluntad de aplicar el EPIF de acuerdo a la ley, el colectivo predoctoral dijo “¡basta!”, y el viernes de la semana pasada, sumando fuerzas junto a otros sectores laborales también precarizados y agraviados por la institución —como son el personal de mantenimiento, el de limpieza y el colectivo de jubilados y jubiladas de la Universidad—, irrumpieron al comienzo del acto de clausura por el 50º Aniversario de la UAM ante la mirada atónita de los casi dos centenares de asistentes, exigiendo al Rector el compromiso de sentarse a negociar los plazos en que la institución se avendrá a cumplir con lo que la ley ya le exige aplicar.

Alrededor de un centenar de personas del colectivo predoctoral de la UAM, con apoyo presencial del personal de limpieza, de mantenimiento y los jubilados, irrumpieron en el Salón de Actos de la Facultad de Profesorado, cerrado a cal y canto, cuyas puertas custodiaban las fuerzas de seguridad privada desplegadas por Rectorado, que resultaron insuficientes ante tanto agravio y tanta rabia contenida durante años. Lo hicieron al grito de “¡La UAM no paga! ¡que hable el Rector!”, a quien estos colectivos señalan como el principal responsable de la situación, por su falta de compromiso y voluntad para aplicar las mejoras pactadas y legalmente exigidas.

En palabras de una de las manifestantes, el colectivo señalaba que “nos duele perjudicar la imagen de la institución, pero el equipo de Rectorado debe entender que la UAM es también NUESTRA Universidad, la de quienes cada día nos levantamos y venimos a trabajar e investigar en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid, firmando nuestras investigaciones con su sello institucional; no es justo que se olviden de nosotras cuando conseguimos legal y legítimamente mejoras salariales, y esperamos que esto, más que dañar la imagen de la UAM, sirva de ejemplo de lucha por los derechos laborales a toda la comunidad universitaria española, en la línea de lo conseguido por otros compañeros, como los predocs de la Universitat de Lleida o de la Autònoma de Barcelona, porque estamos todas en esto”.

Una vez dentro, fue desplegada una pancarta en el estrado con la leyenda “PREDOCS EN LUCHA | LA UAM NO PAGA”, y se realizaron comunicados en los que fue denunciada esa falta de compromiso del Rector de la UAM —el señor Rafael Garesse Alarcón, presente en ese mismo momento en la mesa, sobre el estrado—, abucheando su más que cuestionable gestión de la situación laboral de varios sectores profesionales de la Universidad, y afeando así la imagen de una institución que cumple cincuenta años hablando de “excelencia” mientras precariza y olvida que las condiciones laborales de sus trabajadores e investigadoras también deben cumplir con esa “excelencia”. Esa supuesta “excelencia”, tan recurrente en el discurso oficial de la institución, parece servir sólo para ensanchar la imagen mediática de la figura del Rector sin que ello se traduzca después en una excelencia real de las condiciones de quienes genuinamente constituyen el “músculo” de la Universidad: sus trabajadoras y sus trabajadores, que representan el auténtico sello de garantía de la calidad en la enseñanza superior y en el entorno educativo de la misma.

La negativa de los manifestantes a dar por finalizada la interrupción del acto sin escuchar una valoración pública del Rector motivó, después de casi media hora de espera, la intervención del mismo, que habló desde el micrófono habilitado en la tribuna, y al que los trabajadores escucharon sin interrumpir (a pesar de que después no se les dio derecho a réplica). El Rector dijo estar “dispuesto a aplicar lo que marca la ley” —faltaría más, señor Rector—, pero no indicó plazos ni señaló aproximación concreta alguna al momento en que serían realizadas las actualizaciones salariales de los predoctorales, mientras que sus palabras hacia la situación de los compañeros y compañeras de limpieza, mantenimiento y el colectivo de jubiladas no dejó en absoluto conformes a los representantes de estos sectores, que estaban presentes en el acto.

Los manifestantes, después de indicar que mientras no haya cambios administrativos reales continuarían con sus movilizaciones y con su presencia en los actos públicos del Rector, se retiraron de la sala, permitiendo que el acto de conmemoración prosiguiera según los cauces previstos. Mientras el evento continuaba dentro, fuera se mantuvieron charlas informales entre los representantes predoctorales y miembros del gabinete del equipo de gobierno del Rectorado, en las que se acercaron posturas y todo fueron buenas palabras y buenos modos por ambas partes, emplazándose a mantener en breve plazo reuniones oficiales, a las que —aparentemente— el colectivo predoctoral de la UAM podría acudir con la garantía de que el EPIF será respetado, y que en consecuencia los salarios serán actualizados hasta alcanzar los mínimos anuales que marca la ley desde marzo de 2019. Sin embargo, entre el grupo de predoctorales existe cierta desconfianza e incertidumbre sobre las próximas acciones de un equipo de gobierno que anteriormente no ha dado verdaderas señales de acercamiento y de voluntad de acuerdo hasta que la presión de los colectivos de trabajadores —decididos a tomar partido y presentarse en cada acto a recriminar de manera pública la actitud del Rectorado— les ha forzado a dialogar.

El colectivo predoctoral de la UAM manifiesta que seguirá insistiendo en la obligatoriedad de cumplimiento del EPIF, y mantendrá su exigencia de garantías de ello a la Universidad Autónoma de Madrid, sin olvidar que las luchas laborales de otros colectivos precarizados de la institución son igual de importantes para la calidad general de la vida académica y de la óptima experiencia educativa en la Universidad, para la que el colectivo desea, en todos sus ámbitos, la máxima excelencia.

Eduardo Tamayo Belda es historiador. Ambas fotografías fueron tomadas por el autor.