Matías Fidemraizer |La escuela pública de infantil y primaria Auró – antes President Salvans -, situada en un barrio humilde del sur de Terrassa, es un gueto escolar – concentración de dificultades sociales y educativas – donde más del 90% del alumnado es de ascendencia marroquí. La escuela se encuentra devaluada y sin nueva matrícula, al tiempo que en un radio de 600 metros dos escuelas privadas concertadas gozan de sobredemanda.

Al contexto, se añade la infrafinanciación pública, la “filantropía” bancaria y el cobro ilegal de cuotas de escuela privada para financiar un proyecto educativo “innovador” inviable sin el expolio económico a las familias. El Departament d’Educació y equipo directivo justifican las medidas como una suerte de acto de beneficencia solidaria por la continuidad de la educación pública en el barrio.

Dado el agravio a la educación pública del barrio, más de 70 familias de la escuela se movilizan y deciden denunciar la devaluación de la calidad educativa, expoliación económica y discriminaciones por impago de las cuotas en la Inspección Educativa de la delegación territorial del Departament d’Educació que, posteriormente declara irregulares y propicia la baja del equipo directivo al completo.

Las comunicaciones en prensa de las autoridades públicas reinterpretan el relato acusando a las familias de «querer todo gratis», revolverse por una insignificante subida en las cuotas, o incluso de fines espurios, como si de una subversión de la legalidad se tratara. Resulta obsceno, pues la educación pública es gratuita y se financia con impuestos, y el cobro de cuotas es un repago ilegal.

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Tales declaraciones sin base legal demuestran la voluntad política de la Administración educativa catalana de liquidar la gratuidad e igualdad de oportunidades que deben regir la educación pública. Al tiempo, la universalidad se degrada a una escolarización de mínimos con plusvalías en base al cobro de cuotas ilegales.

No obstante, cabe cuestionar qué relación hay, en un contexto de privatización de los servicios públicos, entre la huida de las familias desde los centros públicos devaluados hacia la escuela privada concertada y la existencia de los cobros de cuotas ilegales en las dos redes educativas. Adquiere sentido la hipótesis del hacer caja con la segregación escolar, pero parece un análisis limitado: ¿Qué finalidad política podrían tener las cuotas? 

La respuesta se halla en la voracidad política del ejecutivo catalán por liquidar derechos ciudadanos y privatizar servicios públicos: las cuotas adoctrinan a las familias en los funcionamientos de la empresa privada.

La Generalitat subvierte el sistema educativo cuando asfixia a la educación pública, liquida la gratuidad y carga la desinversión a las familias con cobros ilegales, y blinda la escuela privada concertada que, casualmente, cobra cuotas ilegales artificialmente asequibles por las subvenciones de ayuntamientos y el propio gobierno catalán. La evidencia apunta al concierto educativo como herramienta transitoria de adoctrinamiento ideológico con el objetivo de crear el contexto favorable para la privatización de la educación.

Invita a la reflexión la justificación que encuentran las cuotas ilegales en la comunidad educativa y la oposición con imposturas a la abolición del concierto educativo, los discursos falsarios sobre segregación escolar, así como la obscenidad de la Administración educativa y organizaciones subvencionadas acusando de fines espurios a las familias migradas y segregadas en defensa de la educación pública de calidad.

La realidad dibuja la ausencia de contrapoder, urgencia de debate público y auto-organización para impugnar la privatización de la educación con alternativas democráticas y un proyecto político emancipador.