Carmen San José Pérez | La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad, presentó este martes ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una denuncia contra la Consejería de Sanidad del Partido Popular de Madrid, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias, en los Contratos Menores realizados en el año 2016.

En el Informe que ha presentado ante la Fiscalía recoge que la sanidad madrileña en el año 2016 realizó 486.562 contratos por valor de 1.402.291.700,46 €. De ellos 485.119 fueron contratos menores que tuvieron un gasto de 632.660.163,51 €. El resto, 1.443 con licitación pública, supusieron 703.346.091,43 €. Es decir que el 99,7% de los contratos realizados por los responsables sanitarios (485.119) fueron entregados a dedo, y sólo 0,3% (1.443) fueron realizados con publicidad.

Los contratos menores son una figura legal que permite tanto la Ley de Contratación Pública actual, como la que estaba vigente en el año 2011, cuando se realizaron los contratos objeto de la denuncia. La ley los reserva para poder solventar situaciones urgentes, en las que no se puede esperar a los tiempos que lleva consigo la licitación pública, así mismo, para dar mayor cabida a la competencia de la mediana y pequeña empresa. Pero lo que la ley no permite es el fraccionamiento de los contratos con la finalidad de adjudicarlos como contratos menores, ni que su duración sea superior a un año, ni tener prórrogas. Las cuantías que permiten los contratos menores eran de 18.000 €, y con la legislación actual de 15.000€, sin IVA.

La denuncia que lleva Audita Sanidad a la Fiscalía es por el uso y abuso inapropiado que realizan tanto la propia Consejería como los gerentes hospitalarios, lo cual puede ser constitutivo presuntamente de delito, al saltarse el concurso público y la libre competencia. Además, incurren en sobrecostes, como ha denunciado la propia Cámara de Cuentas al analizar recientemente el uso de los contratos menores por parte de la Comunidad de Madrid, y la CNMC que calcula que los sobrecostes por falta de competencia en la contratación pública se elevan a 40.000 millones de euros.

El minucioso trabajo llevado a cabo por Audita Sanidad se basa en el seguimiento de la contratación pública en los últimos años, las fuentes en las que basan su investigación son lo que publica la propia Comunidad de Madrid en su portal de transparencia desde 2015, y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De ello se desprende el elevadísimo número de contratos menores adjudicados por los distintos centros de gasto de la Consejería, de lo que se deduce que los responsables sanitarios no se ciñeron a lo que la ley prevé, por el supuesto fraccionamiento de numerosos contratos y la renovación periódica con el mismo o muy similar objetivo.

De las más de 3.400 empresas que aparecen en el informe analizan las primeras 20 empresas beneficiarias del 30,2% de los contratos menores que obtuvieron un valor del 45,5% del importe total.

Y de estas empresas destacan el grupo Janssen Cilag SA-Johnson & Johnson SA (la empresa Janssen Cilag SA pertenece al grupo Johnson & Johnson SA) con un total de 25.922 contratos menores, por valor de 33.282.463,68 €, frente a los 26 contratos adjudicados por licitación con un importe de 5.542.836 €. También la empresa Medtronic Ibérica SA con 51 contratos adjudicados por licitación pública, por valor de 7.882.114 € y 13.550 contratos menores, por valor de 25.530.741,20 €.

En la distribución de estos contratos menores según los centros de gastos, centros hospitalarios y cuantía de los mismos destacan los 98.658 contratos menores llevados a cabo por el Hospital Central de la Cruz Roja, por un importe de 110.149.818,76 €. O el Hospital del Tajo con 39.064 contratos menores que ascendieron a 77.457.752,98 €.

Todo ello parece arrojar claras irregularidades por fraccionamiento de los contratos, unos sobrecostes que detraen fondos para la sanidad pública, y la evidente huida de los principios de la contratación pública como norma habitual del gobierno de Cifuentes, de la cúpula de la Consejería de Sanidad y de los responsables hospitalarios.