Oscar Blanco y Daniel Mulero | Un no-lugar de Badalona. La explanada contigua al pabellón en el que la Penya disputa sus partidos, cerca del Metro de Gorg, de un centro comercial y de las nuevas promociones inmobiliarias cerca del mar. Una enorme “plaza” de cemento no demasiado amable bajo el sol de julio. En la puerta de la Oficina d’Habitatge de la ciudad, la tercera más poblada de Catalunya, se agolpan tiendas de campaña, sillas de camping e improvisados instrumentos para cocinar, entre otros elementos. El día que Poder Popular estuvimos entrevistando a 4 de las mujeres que lideran la protesta ya llevaban allí 34 días. Desde el 29 de mayo. Cuatro familias desahuciadas sin ninguna clase de alternativa habitacional denuncian así la vulneración del derecho a la vivienda con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Crisi de Badalona que ya había acampado con hasta 50 familias frente al Ayuntamiento en 2017. Otros colectivos de la ciudad también les han mostrado su apoyo. Desde que comenzó la acampada únicamente una de las familias que participaba ha visto resuelta su situación pero después llegó Souad, su marido y sus tres niños pequeños “uno de 8 años, uno de 5 y un bebé de 5 meses”, nos explica. Dos de ellos tienen problemas de salud crónicos. Así que de nuevo son 4 unidades familiares. 

El contrato de alquiler de Souad finalizó y la propiedad decidió extinguirlo para subir el alquiler. En una situación similar se vieron Montse, su marido y su hija, que sufre la enfermedad de Kawasaki, cuando su casero vendió el piso con ellos dentro y les dio dos semanas para irse. En ambos domicilios hay ingresos por el trabajo de los maridos, pero son insuficientes para hacer frente al inflado mercado de los alquileres en Badalona. Tanto Souad como Montse tienen cotizados a la espalda más de 15 años hasta que abandonaron el mercado laboral por el frenético ritmo de visitas al médico de su respectiva descendencia. El marido de Montse lleva desde los 16 años como pescador en la Barceloneta con un sueldo de 900 euros. “Los alquileres medios en la ciudad son de 700 o 800 euros” coinciden todas las entrevistadas. Souad se pregunta “¿Cómo voy a poder pagar eso si mi marido haciendo horas extras apenas llega a los mil euros?”. 

Incluso sin tener en cuenta la cuestión del precio, el acceso ya es una auténtica barrera. Armonía de la PAC expone que “cada vez se exigen más requisitos para asegurarse que vas a poder pagar”. Souad lo corrobora: “sin nóminas altas y contrato fijo no hay nada que hacer”. Además, Montse ya arrastra una carga compartida con miles de familias fruto de la burbuja inmobiliaria porque sufrió una ejecución hipotecaria en 2008. “Tengo un embargo de 130.000 euros de por vida y así es imposible acceder a alquilar porque miran si estás en ASNEF”. Rubina y su hija se ven en la misma situación. Durante años subarrendaron un habitación por algo más de 300 euros en el barrio de la Salut. Compartían el piso con muchas personas que tiempo después se marcharon dejándolas solas. Ella pagaba los suministros aunque no estuvieran a su nombre para evitar cortes. El piso pasó a ser propiedad de un banco en algún momento sin su conocimiento  (si es que no lo era desde el principio y le subarrendaron ilegalmente). En marzo de 2019 les llegó una orden de desahucio. La cuarta familia son una pareja mayor de Nador, Marruecos, que conviven con uno de sus hijos, su mujer y sus nietos y con su otra nuera y sus nietos.

El desahucio de Rubina se ejecutó con fecha abierta, es decir, no se le comunicó un día y hora. El primer intento fue parado por la PAC en puerta y después la propiedad solicitó este mecanismo – ilegal – para asegurarse echarla, con la aprobación del juzgado. La práctica cada vez está más extendida como denuncia la plataforma Prou Desnonaments Oberts. La orden de lanzamiento abarcaba 30 días haciendo imposible para los movimentos por el derecho a la vivienda detenerlo. Cuando la comitiva judicial se presentó en su casa, la expulsaron y lanzaron sus pertenencias sin darle opción a recogerlas. Poco antes el banco le ofreció dinero para que se fuera “pero yo no tenía dónde ir” nos dice. 

“Nunca había imaginado llegar hasta esto: vivir en la calle” exclama Souad y es una sensación compartida. Las familias decidieron visibilizar su situación con la acampada porque no tenían un techo con el que refugiarse. Nos explican que mejor estar allí juntas y con un permiso tramitado que dando tumbos o debajo de un puente. Algunas de las familias han recibido presiones de servicios sociales e incluso las han amenazado con la custodia de sus hijos para que abandonen la acampada. Un comportamiento difícil de justificar porque precisamente la administración tiene una gran responsabilidad en que estén en la calle. Hasta el mismo día de la entrevista Montse y su familia no habían sido incluidas en la Mesa de Emergencia. Primero alegaban que el piso de su madre era una alternativa habitacional aunque ya lo comparte con su otra hija (la hermana de Montse) y luego que no había habido presencia policial en su desahucio, ya que abandonaron la casa voluntariamente. Tras diversas visitas al ayuntamiento y una lucha desde septiembre han revisado la documentación y la han incluido. “Busco simplemente lo que me pertenece”, dice Montse, “el derecho a una vivienda”.

Tampoco en ese aspecto la situación de Montse es excepcional. Armonía relata que “como no hay pisos no meten a la gente en la mesa de emergencia para que no salgan datos oficiales de cuanta gente hay en emergencia habitacional”. Pese a las trabas burocráticas hay 150 familias con la Mesa de Emergencia aprobada y desde la PAC están seguros que centenares más cumplen los requisitos.  “Afecta a todo el mundo”, asevera Armonia, “incluso trabajando como es su caso y pagando un alquiler, como estoy yo, estás con el ‘ai’ por cuando te llegue la finalización, si te van a renovar o no te van a renovar…”. Souad coincide con ella en que “todos los propietarios están especulando con los pisos, tu llevas 5 años pagando una renta más baja, te echan, lo reforman un poco y duplican el alquiler”. De todas formas considera que con los sueldos existentes hasta 500 euros son muchos. Estos precios añadidos a qué “alquilar se está poniendo casi tan difícil como comprar” como apunta la misma Souad generan una auténtica emergencia habitacional con el Ayuntamiento de Badalona limpiándose las manos. “Se pasan la pelota unos a otros con la Generalitat y el Estado” afirma la badalonina.

Tanto su familia como la de Rubina están en proceso de que les reconozcan su derecho a la Mesa de Emergencia pese a haber estado en contacto con la asistenta social desde antes de sus desahucios. “La PAC hemos intentado un montón de veces con este Ayuntamiento y con el anterior que pongan en marcha mecanismos de mediación. Se podrían evitar muchos desahucios hablando con la propiedad pero no lo hacen” nos explica Armonia. Días después de visitar la acampada nos llega la información que Montse, en una tarea de perseverancia y diversas visitas al ayuntamiento, ha conseguido ser recibida por el alcalde Alex Pastor del PSC. Desde su llegada a la alcaldía por una moción de censura a Dolors Sabater ni siquiera se está reubicando a familias desahuciadas en hostales. La PAC nos explican que algunos establecimientos tampoco quieren tratos con el Ayuntamiento porque paga “tarde, mal y nunca”. Según Armonía las facturas en los hostales hubieran permitido “pagar muchos meses de alquiler” y han llegado a tener a una compañera en uno durante 17 meses. “Es insostenible” coinciden. Ante todos estos calvarios la Administración actúa de la misma forma: alargar los procesos, complicar las gestiones administrativas, esconder información, amedrentar a quienes no se resignan a perder sus derechos… Todo buscando, y sabiendo, que muchas personas por vergüenza del estigma social, desesperación o agotamiento físico y mental, renuncie a su legítimo derecho a vivir en una vivienda digna.

“La acampada tiene que ser un símbolo de resistencia” defiende Armonía “de que hay familias luchando por lo que es justo”. Las acampadas se lamentan de que mucha gente en su misma situación tiene vergüenza de protestar y hacerlo visible. Sin embargo, no ven otra alternativa que seguir adelante. La acampada acogió un debate preparatorio del Congrès català d’Habitatge con la participación de la PAH de Badalona, Som Sant Roc, Som Badalona, AMBTU, Sindicat de Llogateres, además de la PAC. “Esperemos que nos sirva para tener un movimiento más fuerte y que no actue sólo reactivamente”, razona Armonía, “no podemos estar cada día parando desahucios únicamente porque es un parche. Ganamos tiempo pero no se soluciona el problema”. Añade que “los fondos buitre, que cada vez tienen más presencia, se gastan mucho dinero en proteger bien la vivienda y tenerla vacía todo el tiempo que se pueda”. Su propia vivienda llevada cerrada más de 2 años o hay bloques enteros de la SAREB en idéntica situación. “Tapiado, alarma, puerta de hierro” expone. Esto dificulta buscar una alternativa habitacional a través de la recuperación de inmuebles en desusos de grandes tenedores de vivienda.

Le preocupan actores como Blackstone que comercializa pisos en alquiler a través de Anticipa y su marca “Alquilovers” y cómo se están haciendo con los stocks de la banca. Unos “activos” que a su vez vienen de ejecuciones hipotecarias como la suya o la de Montse. También nos narra como a su compañera Mayra, también de la PAC, la quisieron desahuciar al finalizar su alquiler social con Anticipa, posterior a una dación en pago por impago de la hipoteca. Al final consiguió renovar aunque con una enorme cantidad de cláusulas abusivas en el contrato. Ahora paga 400 euros pero Blackstone se lleva 700 euros, como quería, por una ayuda municipal que complemento el pago de Mayra. Los efectos de la vieja burbuja espoleando la nueva.