Pepe Mejía | Pequeño pero peleón. Así es este contundente relato sobre parte de la corrupción que corroe a todo el régimen en Perú. “Lava Jato en el Congreso. Detrás de cámaras de un debate” es el título de esta valiente aportación de David Roca Basadre (Lima, 1950), que, sin pelos en la lengua, explica con un lenguaje muy cercano los entresijos de la corrupción que implica a políticos, funcionarios, empleados de Odebrecht y a los ex presidentes Alberto Fujimori y al suicidado Alan García.

La entrega del libro fue de novela policíaca. Mis interlocutores me citaron a una hora de la mañana en la esquina de la rotonda de la Plaza Castilla con Bravo Murillo. Desde un cuatro por cuatro, casi sin pararse, y bajando la ventanilla me entregaron el paquete como si de explosivos se tratase. El libro es una “patata caliente” que a lo largo de sus 107 páginas, Roca desgrana con minuciosidad los pormenores del saqueo a las arcas públicas en Perú.

Nada más empezar a leer el libro, en su página 11, Roca –citando a Rosa Bartra, fujimorista que presidió la Comisión Lava Jato en el Congreso- dispara el primer cañonazo. Detalla las relaciones de las empresas del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con la empresa brasileña Odebrecht. “Se ha demostrado –dijo Bartra- que la empresa de Kuczynski denominada Westfield Capital prestó servicios a favor del referido concesionario, logrando un pago de 1.062.000 dólares. Y esto lo hizo conjuntamente con el Banco de Crédito del Perú o BCP”.

El escándalo de corrupción -a través de la empresa brasileña Odebrecht- llevó a la formación de la Comisión Lava Jato en el Congreso de Perú. La citada Comisión –que estuvo presidida por la fujimorista, Rosa Bartra- elaboró dos informes. Uno, votado en mayoría, en el que se exculpó a Fujimori y a Alan García. El otro informe, que se quedó en minoría y fue enviado al archivo, acusaba a los dos ex presidentes. Roca proporciona información –de la buena- sobre este último informe gracias a la tenacidad del legislador Humberto Morales, joven diputado de la bancada del Frente Amplio.

El libro aporta mucha información sobre una red de corrupción de ámbito internacional.

Roca apunta muy alto. Por ejemplo, denuncia la implicación de una empresa española que se integra en el mayor conglomerado mediático ya no sólo de España sino a nivel internacional. Santillana S.A es la división editorial fundado por Jesús de Polanco, en 1959, motor del grupo Prisa, editora del diario El País, favorecida desde el poder y desde el PSOE.
En su informe el congresista Morales señala minuciosamente los movimientos que, Hernán Garrido Lecca, allegado a García Pérez y que fue su ministro de Vivienda (2006-2007) y luego de Salud (2007-2008), había hecho en su cuenta corriente en moneda extranjera (CCME) 194-0100035541 del BBVA, de julio de 2006 a julio de 2015, que incluye los años del segundo gobierno de García Pérez.

En detalle se dice:

“76 depósitos con cheque del BBVA por un total de 331.453 dólares estadounidenses (el girador fue Santillana S.A)”. Pecata minuta para una coima que consiguió sus objetivos.

Las transacciones, sólo en tiempo aprista, fue descomunal: 5.838.077 dólares estadounidenses. Sin contar otras transacciones de una empresa llamada Desarrollos Salkantay S.A.C., dedicada al rubro de la construcción, por montos similares. Salkantay también trabajó para Odebrecht.
Pero no solamente Alan García se benefició de este sistema de sobornos y corrupción.

“El señor Kuzcynski Godard, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique, formó parte del gabinete ministerial, entre el 28 de julio de 2001 y el 11 de julio de 2002, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, durante el periodo comprendido del 16 de febrero de 2004 al 15 de agosto de 2005, retomó dicha cartera y, posteriormente, del 16 de agosto de 2005 al 28 de julio de 2006, asumió con el cargo de presidente del Consejo de Ministros. En ese sentido, se desprende que el señor Kuzcynski Godard ocupaba los cargos públicos de ministro de Economía y Finanzas y jefe de Gabinete, mientras su empresa, Westfield Capital, brindaba un tipo de servicio que se vinculaba a tales cargos y que resultaba esencial para la Constructora Norberto Odebrecht S.A. en relación a uno de los proyectos públicos más importantes en el norte del país”. Más claro, agua.

En su trabajo, Roca explica de manera muy pedagógica las empresas que hacen llegar dinero a responsables políticos, las vinculaciones de estas empresas con personas que trabajan en la Secretaría de Palacio de Gobierno y/o allegados a Alan García. Por ejemplo, detalla una reunión celebrada en la suite presidencial del hotel Marriot de Rio de Janeiro, Brasil, entre Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, Avraham Dan-On y Josef Arieh Maiman Rapaport a inicios de noviembre de 2004. En esa reunión se fijó el pago de 35 millones de dólares a Toledo. Finalmente, Odebrecht pagó 20 millones porque Toledo incumplió la parte del contrato: no impedir la participación de otras empresas.

Este suculento sobresueldo de Toledo –actualmente en Estados Unidos y con orden de búsqueda y captura- estaba relacionado con el proyecto IIRSA, Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Un proyecto vial de integración de países de América latina y grandioso negocio para las grandes empresas constructoras.

El relato de Roca es tan minucioso que a veces roza lo risorio. Resulta que Alan García, a tres meses de finalizar su mandato, por abril de 1990, no había hecho nada para avanzar en el llamado tren eléctrico. Pero “Caballo loco”, como así se le conocía a Alan García en los ámbitos periodísticos y políticos, se empeñó en inaugurarlo. La decisión fue inaugurar un kilómetro y medio de tramo, de cara a la prensa, y sin sistema eléctrico instalado, halando los vagones con una locomotora a gasolina, pero con toda la publicidad del caso para aparentar que algo se había hecho.
La promesa del tren eléctrico o del Metro de Lima, que data de 1985, se hizo para apoyar la candidatura de Jorge del Castillo a la alcaldía de Lima. Alan García no hizo nada pero sí cobró comisiones del Consorcio italiano Tralima -a través de Zanatti, financista de la campaña de García- y que tenía una cuenta Barclay’s Bank de Gran Caimán.

Hurgando en las cloacas de la corrupción, Roca explica cómo actúa la corrupción en el Perú.

Odebrecht, macro empresa brasileña de la construcción, con la finalidad de favorecer sus contratos paga a funcionarios del gobierno. ¿Cómo? Agregando costos a las obras y sobreprecios. El Estado es quien paga: ayuntamientos, administraciones regionales, el gobierno central…Pero Roca también explica cómo organiza Odebrecht el pago de las coimas.
“Los de Odebrecht eran profesionales de la coima, era su manera de actuar, lo habían hecho siempre…” Estaban tan acostumbrados a coimear que hasta había organizado un área especial para llevar las cuentas de las coimas. “Esa área se llamaba la Oficina de Operaciones Estructurales, y desde allí con códigos y claves secretas y cuentas en varios países, hacían los movimientos de dinero para pagar las coimas”.

Hay un hecho que me llama poderosamente la atención. En el capítulo 9, página 69, se afirma el descubrimiento de un almacén en donde hay más de 20 millones de folios sobre las relaciones de Odebrecht con funcionarios y políticos peruanos. La documentación está en un local de la empresa Polysistemas –que, por cierto, trabaja también para el Ministerio del Interior de Perú- y situado en Pachacamac, al sur de Lima.

Ni jueces, ni fiscales ni los miembros de la Comisión Lava Jato se acercaron a esa “mina” de documentación. Morales, el infatigable legislador redactor del informe en minoría, pide ir y en dos taxis se meten 12 personas entre asesores y gente de Bartra, la fujimorista. Allí, entre las 18.962 cajas de documentación, encontraron el contrato con Odebrecht firmado por el Gerente de Operaciones de Lufesa Divers SCRL, Luis Giampietri Ramos, hijo del vicealmirante Luis Giampietri Rojas, que fue vicepresidente de la República con Alan García. Luis, el padre, es presidente de la junta de Lufesa Divers SCRL.

Luis Giampetri Rojas, el padre de Giampietri Ramos y que trabajó con Odebrecht, fue fundador de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES). Congresista del partido aprista de Alan García por el Callao (2006-2011) llegó a ejercer como Primer vicepresidente de Perú (2006-2011). Además, se graduó en la Escuela de Buceo Profundo de los Estados Unidos.

El vicealmirante de la Marina de Perú fue uno de los 72 rehenes del MRTA durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima el 17 de diciembre de 1996. Siendo Capitán de Navío, participó en la demolición del pabellón Azul, en la isla el Frontón, provocando una de las mayores matanzas de presos inculpados, no sentenciados. Más de cien inculpados murieron por las cargas de explosivos que mandó colocar Giampietri.

Mientras fue vicepresidente con Alan García, y congresista, su empresa Lufesa Divers S.C.R.L tuvo contratos con Odebrecht. Además, la Sexta Fiscalía Anticorrupción abrió investigación a Luis Giampietri Rojas, por su irregular actuación en once licitaciones de la Marina de Guerra, en las cuales el Estado invirtió más de veinte millones de dólares.

“Lava Jato en el Congreso. Detrás de cámaras”, editado por Revuelta, es un demoledor testimonio contra la corrupción. El libro está escrito en forma de narración, amena y divertida muchas veces, de manera que puede leerse como una ficción a todo lo largo. Aporta mucha información contrastada y un riguroso análisis de los datos. El gran trabajo de David Roca Basadre, que es periodista y activista ecologista, analista político en la revista “Hildebrandt en sus trece” y especializado en educación comunitaria y ambiental, es haber logrado hacer un resumen, una síntesis.

Consigue transmitir que el objetivo de la Comisión de investigación Lava Jato en el Congreso es exculpar a Alan García y Alberto Fujimori. Dos pesos pesados de la política peruana: Víctor Andrés García Belaúnde, miembro del Partido Acción Popular (AP) y amigo personal e íntimo de Alan García, y Mauricio Mulder del APRA, actúan en la sombra. Controlan todo.

Un último apunte. Entre febrero y marzo de 2019, los fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato viajaron a Brasil para interrogar a los funcionarios de la empresa constructora Odebrecht. Estos, en sus declaraciones, confirmaron cada una de las afirmaciones del informe que había sido enviado al archivo y que presentó el congresista Humberto Morales.

El trabajo de Roca no debería quedar allí, pero ha dejado las pistas para continua esa necesaria labor de investigación.