Redacción Madrid | Este jueves se celebra en Madrid la primera asamblea de trabajadoras de residencias de mayores, junto con familiares y ciudadanía en defensa de una vejez digna.

Son muchos los años continuados de degradación permanente del servicio que la Comunidad de Madrid ofrece a la población mayor de la región. Un servicio que tras sucesivos años de gobierno de la derecha, se ha visto entregado a las manos de empresas privadas. Millones de euros trasladados directamente desde las arcas públicas a las manos de quienes se encuentran haciendo negocio con quienes más tiempo y esfuerzo han entregado.

Se trata de un modelo, que al igual que en el resto del modelo sanitario, ve en la salud un nuevo nicho de negocio demasiado goloso como para no ser aprovechado. Recortes en plantilla, rebaja en las condiciones laborales y en el servicio ofrecido a las personas mayores, son un continuado con el fin de obtener el mayor beneficio posible. En 2017 sucesivas familias denunciaron hasta tres muertes en dos centros del AMAS por supuestas negligencias.

Se trata de 473 residencias de mayores, donde los mayores grupos privados ganan progresivamente terreno. Actualmente es la empresa francesa Orpea con 22 residencias la que más posee, seguida por la británica Sanitas 19 y la francesa Amavir 17. Y es que entre 2015 y 2017 este sector superó los 2.000 millones de € de volumen de inversión en todo el Estado, según un estudio de la consultora CEBRE.

Lo cierto es que las tentaciones de nuevos desembarcos privados en el sector geriátrico son bastante posibles. Con una población en clara tendencia de envejecimiento, la población que necesitará de estos servicios no hará sino aumentar.