Juan Carlos Pérez y Ana García | La Memoria Histórica abarca tantos aspectos que es muy difícil profundizar en cada uno de ellos en un artículo. Así pues, trataremos de relatar los aspectos fundamentales y demostrar porque nada cambió en la transición en los aspectos más básicos.

El lema: “Verdad, Justicia y Reparación” (y falta “Garantías de no repetición”) no es un lema elegido al azar. Hace falta que se lleguen a completar esos tres objetivos para que se pueda hablar de reconciliación en un sociedad. Sin embargo, la sociedad española está cargada justo de lo contrario. En la transición se trató de hacer “borrón y cuenta nueva”, pero sin que hubiera cambios reales. La Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 perdonó sus “crímenes” (en su mayoría, luchar por conseguir la democracia) a los 89 “presos políticos” que restaban en las cárceles. La realidad es que, en anteriores amnistías, se había liberado a 117.746 personas. El problema de esta Ley de Amnistía es que perdonaba TODOS los crímenes cometidos por ambos bandos. Es decir, dejaba sin juzgar a genocidas, torturadores, ladrones, violadores y cualquier adepto al régimen que hubiera cometido cualquier barbaridad. Los delitos de lesa humanidad quedaron impunes. A partir de aquí, el silencio. No se puede poner en duda este proceso de transición. El miedo a un nuevo golpe de Estado de los militares por la legalización de PCE era una espada de Damocles en el cuello de todos los y las “demócratas”. Por lo tanto, no hubo una búsqueda de la Verdad, mucho menos Justicia y no hablemos de Reparación.

 

La búsqueda de la Verdad

Las primeras exhumaciones de fosas comunes se hicieron a la muerte del dictador, en 1975, en Aldeanueva de Ebro (La Rioja) por los familiares de los asesinados allí [1]. Tras el intento de golpe de Estado del 23F, se paralizaron casi durante 10 años.

El 14 de diciembre de 2006, las representantes legales de la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca presentaron una denuncia  en la Audiencia Nacional donde se ponían de manifiesto hechos penalmente relevantes consistentes en torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones durante el franquismo. Baltasar Garzón se declaró competente para investigar ese proceso en octubre e 2008. En noviembre de ese año, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le declara incompetente para investigar esa causa. Para entonces, ya se valoraba que el número de desaparecidos y desaparecidas ascendía a 115.000. Por supuesto, se dejó de investigar y se dio por sentado que en España no había opciones a las investigaciones sobre crímenes del franquismo. La ley de Zapatero de 2007 sobre memoria histórica se refería tan solo a tres aspectos destacables: el apoyo a la búsqueda de familiares desaparecidos, la eliminación de los símbolos franquistas de las calles y la creación de un centro documental de Memoria Histórica. No se anulaban los juicios franquistas ni se establecían condenas ante quienes no cumplieran dicha ley.

Ésta ha supuesto que muchos pueblos mantengan nombres de calles y plazas de reconocidos franquistas o se hayan hecho pequeñas modificaciones para evitar que se quitaran. Por ejemplo, la calle del llamado “Pasillo Verde” junto a la plaza de Peñuelas, en Madrid, se llamaba calle de Antonio Vallejo- Nájera. Éste fue un médico pro-nazi, psiquiatra de referencia del franquismo, que alegaba que las mujeres republicanas (hizo un estudio con 50 mujeres de la cárcel de Málaga) eran inmorales y delincuentes, por ser pervertidas, crueles, dispuestas al a saqueo y a la necrófaga. Es decir, no eran responsables políticas y, por lo tanto, tampoco podían ser presas políticas. Además, añadía que transmitían el “gen rojo”, por lo que había que separar a los niños y niñas de sus madres para tratar de eliminar ese gen. A pesar de las protestas de las entidades de memorialistas y de bebés robados, han modificado el nombre para que quede Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, hijo del anterior y escritor. Labor llevada a cabo por el gobierno de Carmena.

Por seguir con la simbología y los espacios de memoria, de forma permanente se ha estado pidiendo que se utilicen los antiguos espacios que fueron usados por el franquismo como lugares de memoria, y la creación de un museo al estilo del ESMA (la antigua Escuela de Mecánica de la Armada) que fue centro de detención, tortura y exterminio y cuya función ahora es un espacio de memoria, con una actividad frenética y constantes visitas tanto de estudiantes de secundaria como de representaciones del más alto nivel. En el Estado español se han mantenido unos pocos espacios como centros culturales, rescatando una parte como museo de memoria. Uno de ellos es la cárcel de Segovia, a la que se han realizado dos visitas desde la Universidad de Verano de Anticapitalistas. Otra es la cárcel Modelo de Barcelona, que tuvo una rápida transición desde su uso como prisión al de centro cultural y de memoria, y sigue en ese tránsito. 

Se está intentando que la antigua cárcel de Cáceres se convierta en un espacio de memoria [2] y, recientemente, se ha presentado en Madrid la “Plataforma ciudadana por la creación de un centro de Memoria en Carabanchel” que quiere recuperar los espacios que aún quedan sin destruir (ahora el Centro de Internamiento de Extranjeros) para hacer un Museo de la Memoria digno de tal nombre. El caso de Carabanchel fue extremo, ya que se destruyó sin preaviso, ya que querían el uso del suelo de forma inmediata para nuevas viviendas. Sin embargo, las protestas vecinales pararían el plan. Hay muchos otros espacios, como memoriales, en muchísimas ciudades y pueblos. En la carretera que une Navarra y Francia por el Valle del Roncal, en el alto de Igal, hay una placa que recuerda a los esclavos del franquismo que la construyeron. En Bilbao, la “huella” del monte Artxanda es un homenaje a los gudaris que defendieron la ciudad de los fascistas. En Madrid, el cambio de gobierno de la ciudad ha dejado el memorial a los casi 3.000 fusilados al 70%, no queriendo acabar el trabajo acordado por el Comisionado de la Memoria Histórica.

Los bebés robados fueron y son uno de los puntos más duros y en los que más consenso se ha encontrado en los últimos años, ya que se ha avanzado mucho en materia legislativa, pero la judicatura, heredera del franquismo (de los 14 jueces del Tribunal de Orden Público franquista, 10 pasaron a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo) no ha permitido que se juzgue a ladrones de bebés como Sor María [3], que sacaba a los pequeños del hospital para dárselo a familias adeptas al régimen y decía a sus padres biológicos que estaban muertos. Sin embargo, hay que remontarse a mucho antes. Además de lo mencionado previamente del Doctor Vallejo-Nájera, que al tener que eliminar el “gen rojo” de los y las pequeñas quitándoselo a sus padres, la legislación franquista ideó un sistema para quitar a los y las luchadores republicanos a sus descendientes. En noviembre de 1940 se creó por el Ministerio de Gobernación la “Obra nacional de Protección a los huérfanos de la Revolución y de la Guerra” controlado localmente por delegaciones de “Auxilio Social”. Permitía tutelar así a los niños y niñas de padres fusilados, prisioneros, exiliados o fugitivos. En 1942 tutelaban 12.042 menores. En 1941 se promulga una ley por la que se puede cambiar el nombre a aquellos que no recuerden el suyo.

Para las mujeres encarceladas se promulgó una normativa que impedía mantener con ellas a los mayores de 3 años. Desde las prisiones, si no había alguien que recogiera a los pequeños inmediatamente, pasaban a manos del Auxilio Social, perdiéndose con sus cambios de nombre y apellidos. Un caso estremecedor es el de la cárcel de Saturrarán, en el que desaparecieron de un plumazo casi 50 niños [4]. Los cálculos sitúan la desaparición forzada de menores entre 30.000 y 50.000. Los casos más recientes son de 1981.

Al contrario que en Argentina, cuya madres y abuelas de la Plaza de Mayo han tenido gran repercusión, en nuestro país no hay apenas referencias a las mujeres y hombres que siguen buscando a sus familiares.

La Verdad, sigue oculta. La Justicia ha impedido que se juzguen a los culpables de dichos delitos en nuestro país, aunque muchas de las causas siguen abiertas en la Querella Argentina, que acumula más de 9.000 casos de denuncias entre bebés robados, desaparecidos, torturados, esclavos…

Además del robo de bebés, hubo otro robo más generalizado y extendido: el robo de sus propiedades a los “perdedores” de la guerra. En realidad, aunque se hable poco de ello, éste es uno de los motivos por los que no se quiere abrir la judicialización de los casos de memoria histórica. En cada pueblo, los caciques locales (normalmente, miembros de La Falange) ejercían su poder presionando a los más indefensos y sus enemigos ideológicos para hacerse con sus tierras, sus derechos o sus viviendas. Además, el propio Franco era “agasajado” con supuestas prebendas por parte de los municipios como el Pazo de Meirás o el seguro que tenían entre las joyerías madrileñas por si a la mujer del dictador se le ocurría pasarse por alguna de ellas, apropiándose de lo que quería. Por otro lado, las empresas (muchas de ellas en el IBEX-35) se aprovecharon de los regalos del dictador o del trabajo esclavo que realizaron los presos y presas, que el régimen puso a su servicio. Por ejemplo, el dueño de FENOSA (luego Unión Fenosa), fue premiado por Franco con el condado de Fenosa por el apoyo financiero que dio su dueño, Pedro Barrié, al bando sublevado en la Guerra Civil. Se pueden incluir aquí: Acciona, OHL, ACS, Iberdrola… [5]. Muy conocida es la obra llamada “El Canal de los Presos del Bajo Guadalquivir” [6], en la que se emplearon miles de presos a lo largo de los 22 años que tardó su construcción.

La represión de los años 60 y 70 se recrudeció con la mayor conflictividad laboral (iniciada en la “huelgona” de 1962), y con la formación de numerosos grupos políticos (ilegales, claro) especialmente en el ámbito universitario, que pusieron en jaque a la policía. Los juicios a los militantes ante el TOP (Tribunal de Orden Público) no duraban 15 minutos y podían conllevar una condena muerte. La falta de asistencia jurídica era patente. Aún no se han anulado las sentencias de estos tribunales, por lo que los y las luchadores antifranquistas siguen teniendo en su expediente. Las torturas eran sistemáticas y organizadas, ya que se repetían en todas las provincias. Al igual que Antonio González Pacheco (“Billy el Niño”) en Madrid, estaba el capitán Muñecas en Euskal Herria, Honrado de la Fuente en Asturias, Solsona en Valencia, etc.

La “santa” transición les llevó, por línea directa, a encabezar la lucha contra ETA. No hubo purga en la policía, ni en el cuerpo militar o en los funcionarios de prisiones. Esto supone que los altos cargos siguen siendo personas que han mamado los sistemas represivos franquistas. No hay más que ver que la relación de Antonio González Pacheco (“Billy el Niño”) con las jefaturas de la policía actual. Se usó a los torturadores en la lucha contra ETA, continuando aplicando todo lo que llevaban practicando años, y obteniendo por ello muchas prebendas, como las medallas de Billy el Niño, que parece casi imposible quitarle. El problema que ha generado posteriormente son grupos adiestrados por éstos, con una escasez conciencia democrática, tal y como se ha visto en los mensajes de JUSAPOL contra Carmena.

Hay muchos más aspectos que abarca la memoria histórica: deportaciones, exilio, limitación del trabajo a las mujeres pobres, humillaciones como el que sufrieron las rapadas, depuraciones en la función pública, correccionales, preventorios, castigo de la homosexualidad, apropiaciones de la Iglesia…

Como podemos ver, la Transición no ha permitido que salga nada de la Verdad, menos aún de la Justicia o de la Reparación. Pero, claro, tenemos que ver qué personajes hacían de la misma una transición sin cambios. En primer lugar, pensemos en uno de los fundamentales responsables de las unidades policiales: Rodolfo Martín Villa. Fue en 1974 Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Barcelona. En 1975 ya era Ministro de Relaciones Sindicales, en 1976 de Gobernación (con Adolfo Suárez), en 1977 era nombrado Ministro del Interior, además de Senador por designación real. En 1979 era Diputado por León con la UCD, luego Ministro de Administración territorial y Vicepresidente del Gobierno entre 1981 y 1982. De 1989 a 1997, fue Diputado por Madrid con el PP. De ahí, dio el salto a empresas del IBEX: Presidente de Endesa, de la Comisión de Cajas de Ahorros de Madrid, Vicepresidente de Aguas de Barcelona, Presidente de Sogecable y consejero de la Sareb. Además, manteniendo su línea política fue Comisionado del Gobierno para la actuación derivada del Prestige. Es uno de los investigados por la Querella Argentina y requeridos por la Interpol para ser interrogado, ha tocado todos los ámbitos del poder [7].

El Presidente Adolfo Suárez, al que han querido hacer bueno la derecha y algunas instituciones, era el Secretario General del Movimiento en el momento de su nombramiento por el Rey Juan Carlos I. En palabras de Martín Villa, se llegó a su nombre con los siguientes protagonistas: “Juan Carlos, el director, Torcuato Fernández Miranda, el guionista y Adolfo Suárez, el actor”. Hay que recordar que la situación del emérito como Jefe del Estado le llegó directamente de manos del dictador, y nadie (dentro de los partidos políticos al uso), lo ha puesto en duda.

Tal y como hemos definido los crímenes de lesa humanidad y sus responsables, estos dos no solo representan el continuismo franquista, sino que debería estar siendo juzgados por alentar crímenes en la transición y por no investigar los delitos de lesa humanidad.

Como se suele decir, “de aquellos polvos, estos lodos”. La democracia española sigue teñida por un sistema judicial con una grave falta de independencia y vinculado aún al régimen franquista, con su vuelta a través de la Ley Mordaza. Los partidos políticos siguen pagando los errores de su pasado, como el acuerdo del PCE con la Constitución y la democracia, o el PSOE con la guerra sucia. No se ha hecho justicia con los torturados, encarcelados, obligados a trabajar, o desaparecidos. Desde todos los ámbitos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos hay incumplimientos graves de la normativa: desapariciones forzadas, independencia del poder judicial, falta de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, torturas, discriminación a la mujer, falta de protección de menores, etc.

La Querella Argentina sigue intentando que los crímenes del franquismo sean juzgados. Se inició en 2010 y continúa abierta, uniéndose más y más querellantes. Se pidió la extradición de 20 personas en 2015, que fue bloqueado por el Consejo de Ministros de Rajoy, alegando que era posible juzgar en nuestro país y no hacía falta recurrir a la justicia universal. 5 años después se ha demostrado que aún no puede ser así, ya que ha dejado a las víctimas en indefensión jurídica al no haberse aceptado ninguno de sus recursos en el sistema judicial español. El propio gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido este hecho en un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Las casi 40 denuncias por torturas que se han interpuesto desde 2016 hasta ahora están siendo trasladadas a Tribunales Internacionales puesto que han acabado las opciones de recursos internos. Una vez más, los delitos del franquismo deberán ser juzgados fuera del estado español. Seguimos inmersos en las bases del sistema franquista, por mucho lavado de cara que intenten darle.


[1] “Las primeras exhumaciones a la muerte de Franco” por Natalia Junquera. El País, 25 de marzo de 2012.

[2] https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/antigua-prision-Caceres-memoria-agoniza_0_934756600.html

[3] “Los bebés robados de sor María. Testimonios de un comercio cruel”. Arroyo, Soledad. Ed: RBA libros. 2013.

[4] “No lloréis, lo que tenéis que hacer es olvidarnos” González, Marí y Barinaga, Eduardo. Ed. Ttarttalo.2010

[5] Artículo “Franquismo, S.A.” de Antonio Maestre en La Marea 20 de noviembre de 2014.

[6] El canal de los presos, 1940-1962: Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica . Gutiérrez, J.L.; Del Río, A.; Acosta, G.; Martínez, L. Ed. Crítica. 2004.

[7] Su responsabilidad en los crímenes de la transición y la falta de investigación de los mismos se está denunciando el la campaña #JuicioaMartinVilla en Facebook y Twitter.