El Congreso Catalán de la vivienda: un primer ensayo

Oscar Blanco | Desde el primer momento el ambiente en la Fabra y Coats era eufórico. Las referencias al “momento histórico” fueron recurrentes en las ponencias y las intervenciones. Es cierto que lo que estaba pasando tenía escasos precedentes. El movimiento por la vivienda catalán se dotaba con el Congreso que se celebró el 16 y 17 de noviembre de un espacio conjunto donde participaron desde las PAHs más veteranas, a los Sindicatos de vivienda más recientes (como el de la Verneda y la Pau), acompañados de la asociación 500×20, el Sindicato de Inquilinos y otros colectivos por el derecho a la vivienda de barrios y pueblos. Más de 100 militantes de otros movimientos se apuntaron de voluntarias para cubrir la logística del Congreso y las Escuelas Populares de La Bordeta, Manresa y Rizal (Ripollet-Cerdanyola) se encargaron del espacio infantil. Todo a punto para “hacer historia” y cambiar la correlación de fuerzas. Pero, ¿Cómo? 

El movimiento por la vivienda catalana ha demostrado en el Congreso una enorme madurez. La pluralidad y diversidad de los 70 colectivos participantes hacía difícil prever como podía salir un espacio conjunto con de más 500 personas inscritas y en un formato de congreso (con ponencias, enmiendas y votaciones) con la ambición de tomar decisiones que todo el mundo sintiera suyas. A nadie se le escapa el historial de conflictos y desavenencias entre organizaciones que participaron en el Congreso. Precisamente este hecho demuestra el salto cualitativo del movimiento. Los objetivos conjuntos se impusieron a las desconfianzas y, desde el respecto a la autonomía de cada organización, se aprobó un programa común a la altura del problema de la vivienda. 

Este programa conjunto defiende cuatro líneas maestras que se desarrollan en una serie de propuestas más concretas: 1) el fin de todos los desahucios. Especialmente que no se continúe desde los juzgados con la práctica ilegal de los desahucios abiertos, es decir, sin fecha ni hora fijada y que se persigan los desahucios extrajudiciales hechos por empresas a sueldo de la propiedad que coaccionan a las vecinas para echarlas de casa 2) la bajada de los precios de los alquileres y la estabilidad de los contratos 3) La expropiación de pisos de bancos, fondos buitres y grandes tenedores para impulsar el Parque público de vivienda y 4) Construir un movimiento popular basado en comunidades fuertes y la autoorganización. El mes de diciembre las conclusiones completas del Congreso se presentarán en una conferencia pública que quiere interpelar a toda la sociedad y también a los partidos y las administraciones.

El bagaje de la PAH, los sindicatos de inquilinos, de vivienda y de barrio y el resto de asambleas se han podido volcar en este congreso y mezclarse. Durante el año de preparación se han hecho debates locales y sectoriales para recoger las preocupaciones de cada asamblea y construir una “caja de herramientas” conjunta. Desde la comisión promotora se había hecho a menudo el símil con el Congreso de Sants del 1918. Entonces el movimiento obrero se reorganizó de una constelación de grupos, sindicatos de oficio, ateneos y pequeñas iniciativas obreras en un gran sindicato vertebrado por los Sindicatos únicos de industria. El movimiento por la vivienda no sale en condiciones de organizar “su CNT” del Congreso de Sant Andreu, pero se han avanzado algunos debates que pueden dar fruto a medio plazo.

Uno de los debates de fondo del Congreso era la cuestión del conflicto colectivo. El movimiento por la vivienda se ve forzado a estar a la defensiva, desbordado por el día a día de las asambleas y la enorme precariedad vital que provoca la desposesión de la vivienda o la amenaza de que esta llegue.  Las semanas se repiten: parar desahucios, recuperar y defender un piso donde realojar a una familia, presionar a la administración para que cumpla sus responsabilidades o a una inmobiliaria para conseguir negociar una renovación. La urgencia y la necesidad imperiosa dificultan reflexionar colectivamente. El Congreso llamaba a pasar a la ofensiva y esto pasa, en parte, por aumentar la escala del conflicto. Un único inquilino o una única familia que ocupa pueden presionar, pero cuando se unen al resto de vecinas que tienen un conflicto con los mismos propietarios la dimensión del problema para el especulador cambia radicalmente. No es una vía nueva para las luchas por la vivienda ni para las luchas populares en general. De todos modos, hay que constatar que el objetivo de fondo del movimiento, desmercantilitzar la vivienda, no se conseguirá por una acumulación de pequeñas victorias inconexas.

El «problema de la vivienda» en todo el mundo no es muy diferente de la «cuestión agraria” que ha tenido un papel tan importante en procesos revolucionarios los últimos dos siglos. Lo que hay en disputa es quién y para qué controla la propiedad y la riqueza: o bien una minoría social para enriquecerse extorsionando el resto que intenta cubrir una necesidad básica o bien la mayoría social para poder vivir con dignidad. Por lo tanto, el movimiento necesita construir su propio poder arrebatándole a rentistas de todo tipo la sartén que ahora tienen por el mango. A pesar de que lo más fácil acostumbra a ser apretar a la administración (y habitualmente la más próxima y accesible), esta práctica tiene el riesgo de transformar el movimiento en un lobby hacia el Estado pero sin capacidad de disputar con los que mandan de verdad. En cambio, cuando somos capaces de agrupar gente que vive (alquilando, ocupando o endeudándose) en pisos propiedad de un mismo gran tenedor, exigir una negociación colectiva y forzar que acepten alquileres sociales o alquileres asequibles estamos discutiendo como se fijan los precios y quién decide quién vive en un inmueble. Obviamente este razonamiento no quiere decir que la administración no tenga que responder a los casos de emergencia que correspondan ni que no sea necesario darle la vuelta a las leyes injustas que hacen de la especulación un derecho y de la vivienda un bien de inversión. Pero, en lugar de apelar a la ética se tiene que poner en discusión el poder. Este debate y también la necesidad de superar la atomización todavía tendrán recorrido en el movimiento y no hay nada parecido a un consenso, pero del Congreso ha salido una iniciativa que supone un pequeño cambio de paradigma: la campaña conjunta contra Divarian. 

Divarian es un símbolo de la burbuja postcrisis en el Estado español. Se trata de una sociedad controlada al 20% por el BBVA y al 80% por el fondo buitre Cerberus que controla decenas de miles de viviendas, edificios y solares provenientes del stock y los créditos del banco. Es un símbolo por los actores: la gran banca (BBVA, Sabadell, CaixaBank, Santander, etc) y fondos buitres internacionales (Cerberus, Blackstone, TPG, Blackroc, etc) que se quedan con una porción cada vez más grande del pastel. Este 2019 triplicarán su inversión en ladrillo residencial para alquilar en el Estado español. También es un símbolo por el modus operandi: de las ejecuciones hipotecarias a la expulsión de inquilinos y la finalización de alquileres sociales conquistados por la PAH y otros colectivos. Además, Cerberus y el resto de fondos y bancos tienen una gran parte de su negocio en la gestión del parque de la SAREB en un saqueo a toda la población, como explicaba Manuel Gabarre en Ctxt. Es decir, el gran capital financiero con el Estado de garante y facilitador. Una vez los fondos entran en escena la negociación se dificulta como están sufriendo asambleas de toda Cataluña y todo el Estado español.

Es cierto que los fondos buitres son más inaccesibles que un propietario local, pero a la vez generan las condiciones para una gran lucha conjunta como las grandes empresas en el ámbito laboral. La fuerza de la clase trabajadora siempre ha consistido en su número y capacidad de organizarse. Por este motivo, la campaña conjunta contra Divarian no se plantea, o como mínimo únicamente, como una campaña comunicativa y discursiva para señalar a los responsables. Actualmente los colectivos ya tienen organizadas centenares de personas con un conflicto abierto con el BBVA y Cerberus. Con el trabajo conjunto de todas las organizaciones para ir a picar a las puertas de todas las posibles afectadas de centenares se puede pasar a miles o decenas de miles. El interés de la campaña será poder articular una gran lucha sindical que trunque los planes especulativos de Cerberus e imponga condiciones. Es un momento clave porque este fondo de inversión tiene prácticamente cerrada la venta de su “servicer” Haya Real Estate y es posible que estén de retirada del mercado español (el ciclo de los fondos buitre es comprar barato y vender a mejor precio tan pronto como sea posible). Otros fondos, como Blackstone, también empiezan a planificar su salida y la SAREB vende propiedades contrarreloj. Con la recesión a las puertas, evitar que puedan ser operaciones rentables puede meter a estos gigantes que se sienten impunes en verdaderos problemas.