Jorge Heras Muñoz |El 25 de Noviembre los trabajadores del Samur Social de Madrid fueron llamados a la huelga. El 100% del turno de mañana y el 40% del turno de tarde secundó los paros según el comité de empresa. Azucena Pérez, portavoz de este organismo, calificó la situación por la que están pasando los trabajadores del Samur como insostenible “Estamos ante una situación de emergencia, donde no tenemos ni medios humanos ni materiales para dar un servicio de calidad, y eso al final acaba dañando a los trabajadores y a las personas que atendemos”.
Grupo 5
El Grupo 5 Acción y Gestión Social es una empresa de gestión de programas y centros de servicios sociales y educativos. Gestiona 110 centros en 7 comunidades autónomas, la mayoría externalizados por la administración pública y donde se incluye el Samur Social. Organismo que también depende del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
El 5 de julio del 2017 Corpfin Capital Real Estate adquirió formalmente el Grupo 5. Es aquí donde se produce un punto de inflexión en el funcionamiento y organización de todas las sociedades que configuraban este grupo. Corpfin Capital, popularmente considerando como un “fondo buitre”, es un gestor de inversiones de capital de riesgo principalmente en el sector inmobiliario, que desde hace unos años se ha ido expandiendo a otros sectores como el de servicios o el energético. Según el propio grupo, su estrategia comercial es la adquisición de valores y reorientación estratégica, mejorando su “eficiencia operativa y financiera”. En otras palabras, la optimización de costes de forma salvaje . En el caso de sectores no productivos como empresas de servicios socio-sanitarios, hablamos de reducción de salarios y de recursos materiales.
Poco después de la compra de Grupo 5 la nueva dirección envió una carta a tres de los cuatro comités de las sociedades que formaban el grupo (Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L., Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L. y Servicios Educativos y Familiares Grupo 5, S.L.). Recogemos algunos fragmentos de esta carta:
“Intentaremos asumir riesgos controlados porque es la única forma de huir de la mediocridad (…) Dejar de lado actitudes reaccionarias y defensivas (…) Recordando siempre que las soluciones no son gratis; al contrario, requieren del esfuerzo y del sacrificio de todos”
En agosto del 2018 las tres sociedades fueron absorbidas y fusionadas por el Grupo 5 Gestión y Acción Social. Durante ese año se produce un claro deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del Samur. Esto se hizo público en un comunicado por parte del sindicato CO.BAS en noviembre de ese año, donde se alerta de la falta de recursos desde hacía varios meses.
Actualmente, el 90% plantilla del Samur Social es gestionada por el Grupo 5, y solo el 10% es personal funcionario encargado de la parte administrativa. El Comité de empresa, donde CO.BAS es el sindicato mayoritario, lleva tiempo denunciando la Sobreocupación, la falta de personal y la falta recursos materiales. Desde la propia página del CO.BAS se puede leer este comunicado publicado el 15 de noviembre del 2019:
“Se suceden los incumplimientos del Convenio Estatal de Acción Social así como en materia de salud laboral. Además de los reiterados incumplimientos del Pliego de Condiciones en relación a la cobertura del absentismo, está produciendo que cada día no se cuente con el personal, ya insuficiente de base, necesario para poder dar el servicio que la ciudadanía necesita”.
También acusa a la junta de gobierno de los numerosos fracasos a la hora de alcanzar acuerdos con la empresa, negándose ésta a negociar mejoras en las condiciones laborales. Hecho que ha llevado en varias ocasiones a llevar a la empresa a las autoridades laborales.
El Samur Social no es el único caso que sufre estos abusos por parte de la dirección dentro de la gestión de Grupo 5. Esto sucede en los centros de dependencia Pollenca en Mallorca, el Centro Abierto de La Rosa en Madrid o La Residencia de Ancianos de Can Picafort entre muchos ejemplos.
Mayor número de refugiados y personas sin hogar en las calles.
Según un informe municipal del Ayuntamiento de Madrid del 14 diciembre del 2018 en los últimos dos años ha habido un aumento del 24% de personas sin hogar, de 2.059 hace dos años a 2.772 en la actualidad. Además, como añade el sociólogo Pedro Cabrera partícipe en la elaboración de este informe, es probable que ese día por razones climatológicas, el número fuese incluso menor al que existe en realidad. Añade también que el porcentaje de personas atendidas en programas de realojamiento ha aumentado en este mismo periodo un 41,17%.
A esto se le suma el aumento de peticiones de asilo en 2019, las cuales se incrementaron un 100%, pasando de 20.000 a más de 40.000 solo en la Comunidad de Madrid. Una situación que ha producido el total colapso de las oficinas de asilo y refugio (OAR), encargadas de tramitar la solicitud de asilo y abrir la puerta al programa de acogida. Es decir, alojamiento y manutención temporal e incorporación al sistema educativo, sanitario y social de los refugiados.
Según Francisco Fernández Marugán, defensor del pueblo, este programa es insuficiente. Actualmente solo hay 14.000 plazas en toda España y el número de solicitudes supera ya los 100.000. En una entrevista para el diario El País del 27 de noviembre, Fernández anuncia que “El Defensor del Pueblo lleva desde 2013 advirtiendo de que el modelo de acogida no se adecuaba a las nuevas necesidades. Entonces nos movíamos en cifras muy bajas de solicitantes, pero el problema es que cuando hemos llegado a 95.000 se han visto todos los fallos estructurales”
La Red Social de Acogida y asociaciones de vecinos llevan varios años denunciando esta situación. Muchos de los solicitantes que hacen largas colas en el OAR se les da cita para la primera entrevista en varios meses o incluso el año. La importancia de esta entrevista es fundamental, pues es aquí donde adquieren la tarjeta roja que les da condición de solicitante en tramitación. Durante el tiempo de espera, el refugiado se queda en un limbo administrativo y por supuesto fuera del programa de acogida. De esta forma la administración central, de la que depende la OAR, crea un cuello de botella donde solo permite a unos pocos alcanzar el estatus de refugiado y acceder al permiso de trabajo y a las ayudas sociales.
Todo esto conlleva el aumento exponencial del número de personas y familias con niños en la calle, a la que hay que sumar el incremento de personas sin hogar ya detectado en diciembre del 2018. La mayoría busca refugio en los albergues municipales, los cuales están muy lejos de poder dar cobertura a esta nueva realidad social. De hecho, para la campaña de frio que empezó el 25 de noviembre, el Ayuntamiento ha ofertado prácticamente el mismo número de plazas que el año pasado, 509 plazas sumadas a de la red estable de acogida municipal.
Tanto la Administración Central como el Ayuntamiento de Madrid llevan mirando hacia otro lado desde hace años. El consistorio niega que tenga que ampliar el acceso a los recursos de emergencia a los solicitantes de asilo por no considerarse de su competencia y señala al gobierno como “único responsable de que haya gente durmiendo en la calle”. Mientras que este último, por un lado acusa al Ayuntamiento de dejar a personas, especialmente a menores, durmiendo al raso, y por otro, niega que exista tal crisis. Desde la Secretaría de Estado para las Migraciones, advierten que esto no es una crisis de refugiados, sino “un aumento de llegadas a Madrid de migrantes económicos de Iberoamérica sobre todo”.
Las protestas y los paros continuarán
Ante este escenario de abandono institucional y falta recursos materiales y humanos, el 25 de noviembre se decidió convocar un paro de 24 horas, el mismo día del comienzo de la campaña de frio en la cuidad de Madrid. Un trabajador del Samur, durante la concentración a las afueras de la sede, declaraba que el Samur y el Ayuntamiento los estaban convirtiendo en responsables de un “maltrato institucional” sin importar el sufrimiento que acarrea el tener que dejar a familias en la calle bajo el frio de la noche.
Una semana después no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la empresa. Tampoco parece que la crisis de refugiados en las calles vaya a tener una solución a corto plazo. Ante esto, el comité se reunió este martes 3 de noviembre para decidir si continuar con las movilizaciones. Según Europa Press, los trabajadores acordaron continuar en esta dirección hasta que Grupo 5 dé una solución adecuada, y como próxima acción se ha convocado un paro de dos horas para el 20 de este mismo mes.
El Samur Social de Madrid es otro ejemplo más del deterioro de nuestros servicios sociales. Lo mismo ocurre en decenas de residencias, centros de día, albergues, etc. que también se están movilizando desde hace tiempo. La progresiva externalización de servicios por parte de la administración es una de las principales causas del problema y como consecuencia, agentes económicos como Corpfin Capital, sin ninguna ética social, lo aprovechan para aumentar sus ingresos, a base de recortar salarios y recursos humanos.
Actualmente en las calles de Madrid se está experimentando una situación de emergencia social y la única respuesta por parte de la administración es el silencio. Al final es la sociedad civil y los trabajadores sin recursos y a costa de su propia salud, quienes sostienen como pueden a la población más vulnerable, mientras otros desde sus despachos se reparten los dividendos.
Jorge Heras Muñoz es militante de Anticapitalitas