Oscar Blanco | La emergencia sanitaria del Covid 19 y las medidas excepcionales para tratar de “frenar la curva” de contagio, como el cierre de centros educativos y de diversos sectores de la economía, tienen un evidente impacto social y económico. Esta situación excepcional además ha dejado al descubierto todas las debilidades de una economía global con una enorme burbuja de endeudamiento y que nunca se ha recuperado del crash de 2008. El coronavirus puede ser el detonante de una nueva recesión avisada por economistas e instituciones de todo tipo tal como han explicado Daniel Tanuro, Eric Toussaint, Iolanda Fresnillo o Roser Espelt.

Las bolsas en caída libre, restricciones de todo tipo en multitud de paises y una pandemia global son el escenario ideal para lo que se ha conocido como “la doctrina del shock neoliberal”. La patronal catalana Foment del Treball o el Partido Popular no tardaron en salir a recetar su remedio para toda clase de contagios: facilitar el despido y bajar impuestos. Detrás suyo han ido el resto de patronales y de representantes de los intereses de las élites económicas. El Gobierno y las Comunidades Autonomas han anunciado medidas económicas que recuerdan al rescate bancario de la crisis del 2008. A medida que pasan los días se acumulan los ERTEs, los despidos, las plantillas obligadas a hacer vacaciones y todo clase de atropellos a los derechos laborales. Las personas trabajadoras estamos aún tratando de asimilar como se han desarrollado los acontecimientos y hacer frente a la angustia y el miedo de una situación inaudita, pero la música suena a cuando la factura de la anterior crisis corrió a cuenta de la mayoría.

En medio de la avalancha informativa, que provoca como es habitual cierta imposibilidad de digerir y comprender, diversos sindicatos combativos sociales y laborales han impulsado un decálogo de medidas para salir del coronavirus como una sociedad más justa, democrática y preparada para la emergencia, también para la climática. Inicialmente aparecieron como impulsores el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, CGT Catalunya, la IAC, Riders x Derechos y Elite Taxi una alianza natural que se ha ido tejiendo en conflictos sociales de los últimos años, pero rápidamente se sumaron multitud de colectivos de vivienda como la PAH y otras organizaciones sociales.

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Sanidad 100% pública

Es obvio que en esta crisis de salud pública el sistema sanitario y su capacidad es central. La propuesta que abre el Plan de choque social es “intervenir la totalidad de los recursos sanitarios privados y ponerlos al servicio del interés general”. Jaime Palomera y Javier Gil, portavoces de los Sindicatos de inquilinas de Barcelona y Madrid, han invocado reiteradamente durante la semana el artículo 128 de la Constitución que permitiría hacerlo. También organizaciones política como Anticapitalistas o la CUP han insistido durante la semana en el control público de todos los recursos sanitarios y de investigación y desarrollo.

Además, el plan de choque propone una “inyección de dinero y medios para prevenir el colapso del sistema sanitario”. Toda clase de voces expertas han explicado que el principal riesgo del crecimiento de los contagios es superar el umbral del sistema sanitario que podría dejar sin atención adecuada a muchos enfermos. Por lo tanto, hacer que la capacidad sea mayor es tan necesario como ralentizar el ritmo de contagio. En la Comunidad de Madrid, el sindicato MATS ha propuesto entre otras medidas el “incremento de la inversión para aumentar las plantillas, la apertura de camas hospitalarias y la compra de los insumos necesarios para una atención digna”.

 

Proteger los derechos laborales

El plan social de choque también tiene propuestas en el terreno laboral para frenar la ofensiva de las empresas. “Detener todos los eres o ertes” es uno de los puntos del decálogo porque los expedientes de regulación temporal de empleo se han convertido en la herramienta predilecta de la patronal para quitarse de encima los costes laborales si tienen que cerrar o bien se ve complicada su producción por la crisis sanitaria. En cambio, CCOO y UGT pactaron con la patronal una propuesta de modificación para agilizar el procedimiento de los ERTES que el Gobierno Sánchez parece que va a asumir como propia. El plan de choque apunta en sentido contrario y exige la cobertura del 100% del salario “incluyendo los complementos para las trabajadoras afectadas por el virus o en confinamiento preventivo”.

La misma medida se exige para cubrir el trabajo de cuidados. Es decir, los impulsores del plan de choque consideran que se debe cubrir el 100% del salario a las personas “trabajadoras que no puedan asistir a su lugar de trabajo, para hacerse cargo de terceras personas afectadas por el virus, afectadas por el cierre de los centros educativos o por el cierre de las residencias y los centros de día para la tercera edad”. También exige “la exención del pago de la cuota de autónomos y cobertura económica para aquellas personas que no puedan desarrollar sus tareas laborales” por los motivos que se apuntan para los trabajos por cuenta ajena.

Otro punto de fricción entre la política del autodenominado Gobierno progresista y las organizaciones que impulsan el Plan social de choque es a cargo de quien tiene que correr la cobertura. El decálogo considera que deben pagar las mutuas privadas y no la Seguridad Social. Estas compañías, vinculadas a menudo al capital financiero y con beneficios millonarios, están eludiendo toda responsabilidad por la pandemia que únicamente está repercutiendo en el erario público. Si tenemos en cuenta que una parte de los trabajadores despedidos temporalmente también recibirán prestaciones públicas y los gastos sanitarios extras, es probable que después de esta situación la Troika exija nuevos recortes, pese a haber anunciado la Comisión Europea cierta flexibilización de los objetivos de déficit. El plan de choque trata de evitar que centenares de miles de familias no puedan llegar a final de mes sin que ese esfuerzo extra lo hagan estas mismas familias con un sistema fiscal totalmente regresivo y las grandes empresas se libren de cualquier impacto.

 

¿Cómo me confino sin casa?

El movimiento por la vivienda ha jugado un papel central en impulsar el Plan social de choque y no es casualidad. El paro y el desahucio son dos caras de la misma moneda como ya demostró la crisis del 2008. En una sociedad con millones de personas con un techo sin garantizar y con hipotecas y alquileres comiendose una parte enorme de los ingresos de las unidades familiares cualquier interrupción o reducción del salario puede llevar a un impago. Los ERTES, despidos y cierres pueden hacer crecer aún más la emergencia habitacional.

Por estos motivos, el plan de choque exige que se paralicen todos los desahucios y “los procedimientos judiciales que puedan acabar en desahucio”. Apelan a que el actual contexto puede saturar aún más las mesas de emergencia, que ya tienen actualmente listas de espera de meses. Esta petición parece que va a ser ya una realidad con la aplicación del Estado de Alarma. Sin embargo, proteger a deudores, inquilinos y demás familias vulnerables no ha tenido nada que ver con esa medida que responde a la protección del personal del sistema judicial.

La tregua temporal será insuficiente para hacer frente a una paisaje social que puede quedar más devastado a la salida de esta emergencia sanitaria. De poco servirá la paralización de los desahucios si dentro de unos meses se reactivan multiplicados por una cantidad ingente de demandas de impago. Así que el Plan de choque sostiene que es imprescindible frenar el “cobro de las rentas immobiliarias” y también “el cobro de las deudas y de intereses por parte de las entidades financieras”. En esa situación excepcional con la economía paralizada y gran parte del tejido social en la cuerda floja no se puede consentir que el rentismo siga absorbiendo los menguantes ingresos de la mayoría social.

El reto al que se enfrentan las organizaciones impulsoras del Plan de choque es defender los intereses de las clases populares en un contexto inédito. El repertorio habitual del sindicalismo combativo, es decir, las asambleas, las manifestaciones, los bloqueos y la acción directa o las huelgas son imposibles, desaconsejables e incluso seria irresponsables ¿De qué forma se pueden defender medidas para la mayoría social sin poder ocupar el espacio público ni encontrarse?

Escrito por:

Oscar Blanco
Redactor de Poder Popular. Barcelona. Periodista y militante de Anticapitalistes.
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