#NoMasRanaPlaza #MinoríaPeligrosa

Júlia Martí | Este 24 de abril se cumplen 7 años del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, una tragedia anunciada que, por su envergadura, se ha convertido en una fecha global para denunciar las violaciones de derechos humanos de la industria de la confección. A causa del colapso del edificio en el que trabajaban, 1.134 trabajadoras murieron y más de 2.000 resultaron heridas.

El Rana Plaza albergaba varias fábricas que producían ropa para las principales marcas internacionales, en las que miles de trabajadoras hacían largas jornadas de trabajo, por unos sueldos de miseria y con graves riesgos. Días antes de la tragedia, las propias trabajadoras advirtieron de las grietas en el edificio, pero para las empresas proveedoras fue más importante seguir con el negocio que la seguridad de las trabajadoras.

A pesar de las movilizaciones y de las campañas de presión internacional, las grandes empresas textiles quedaron impunes y su modo de funcionamiento intacto. Lo único que se consiguió fue la creación de un fondo de compensación para las víctimas, completamente insuficiente y que llegó con varios años de retraso. Además, a través de un acuerdo en el que participaron representantes sindicales, varias grandes marcas del sector se comprometieron a garantizar la seguridad en las fábricas donde se produce su ropa, sin embargo, como denuncian desde la Campaña Ropa Limpia, este acuerdo no ha sido suficiente y hay riesgo de que se cancele.

Por otra parte, más allá de los intentos de lavar su imagen, el negocio de las grandes marcas de ropa se sigue basando en tirar los precios de producción a la baja, a costa de los derechos laborales y la vida de las trabajadoras, en su gran mayoría mujeres. A los sueldos de miseria, la inseguridad e insalubridad de los espacios de trabajo, se le suma la persecución y represión sindical. Las trabajadoras que se movilizan para reclamar mejoras laborales son despedidas, además la policía las reprime de forma violenta y se enfrentan a duras penas.

Y, con la crisis del coronavirus, la lógica de “maximización del beneficio a cualquier precio” se ha profundizado aún más. Esta vez, las consecuencias de la crisis ha sido el abandono de las trabajadoras a su suerte, con las fábricas cerradas por culpa de la caída de las ventas o de las cuarentenas establecidas. Además, se está utilizando esta crisis para dejar salarios sin pagar y para despedir a las trabajadoras afiliadas a sindicatos. Y los impactos de la crisis no solo se están sintiendo en los países dónde se produce la ropa, sino que también han llegado al otro extremo de la cadena, con ERTEs masivos para las trabajadoras de sus tiendas.

El caso de Rana Plaza debe servirnos para reivindicar el fin de la impunidad de las empresas transnacionales –no queremos más Rana Plazas, ni en la confección ni en ningún otro sector–, pero también para defender alternativas a este modelo de producción basado en la explotación y la inseguridad, que se sustenta en la división internacional y sexual del trabajo. Debemos poner fin a un modelo de producción y consumo colonial y patriarcal, que se basa en la explotación de trabajadoras del sur global para producir a bajo coste y fomentar el consumismo sin límites.

La pandemia global que sufrimos hoy en día nos ha llevado a reivindicar que “nuestras vidas valen más que sus beneficio”, para denunciar la falta de medidas de protección, la codicia capitalista que obliga a trabajadores y trabajadoras a ir a trabajar o que se aproveche esta situación para despedir trabajadores o bajarles los salarios. En este contexto, la conmemoración de la tragedia de Rana Plaza nos recuerda la importancia de defender todas las vidas, también las que Inditex, Mango, Primark, El Corte Ingles, H&M (y tantas otras) ponen en riesgo a miles de kilómetros de distancia.

Para ello es imprescindible defender el derecho a sindicarse, exigir el fin de la impunidad corporativa y fortalecer la solidaridad internacional. Así como impulsar una transición justa con alternativas que pongan fin a la división internacional del trabajo, la explotación, la insostenibilidad y el consumismo.

Júlia Martí es militante de Antikapitalistak.

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