Una alianza que compromete la biodiversidad y fomenta el cambio climático

Alba G. Ferrín y Germán P. Montañés | El 18 de noviembre tuvo lugar el Foro ABC Europa Brasil. En este se reunieron el Viceministro brasileño de Economía y el Secretario General adjunto de Acción Exterior de la UE. También el Director de Estrategia y Asuntos Corporativos de Telefónica. Pero nuestro foco de atención va dirigido a la representante del Gobierno Español: Cristina Gallach Figueras, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Latinoamérica y el Caribe.

La motivación principal del foro residía en el acercamiento de posturas de los ponentes con respecto a la aprobación del tratado UE-Mercosur, una unión comercial entre la Unión Europea y los 4 países que conforman el Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). El acuerdo se comenzó a negociar en 1999, y los representantes de ambas organizaciones solo llegaron a un acuerdo en junio de 2019. Sin embargo, el acuerdo está lejos de entrar en vigor. En lo que respecta a la Unión Europea, es posible que los parlamentos de los estados miembros tengan que ratificar el acuerdo si se diese el caso de que dicho acuerdo invadiera competencias nacionales exclusivas. A raíz de esto, muchos de ellos, como Francia o Irlanda, se están mostrando reticentes. Además, el Parlamento Europeo ya ha avisado de que no ratificará el acuerdo en su forma actual.

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En este contexto, ¿cuál es la posición del Gobierno de España? Aquí es donde entra en juego Cristina Gallach, como secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. En una serie de intervenciones a lo largo del foro, expone (o intenta hacerlo) las claves por las que este acuerdo beneficiaría a las sociedades a ambos lados del Atlántico. La secretaria de Estado cae en una serie de lugares comunes propios de la ideología de libre mercado, como serían los beneficios indudables del comercio internacional, la economía verde, la inclusión… pero se ve incapaz de responder a la intervención de la periodista, que le pregunta por el posible efecto medioambiental del acuerdo en cuestión. Tras dar vueltas a la respuesta, solo es capaz de concluir que las repercusiones ecológicas del tratado son “un tema complicado” y que en todo caso España las tiene en cuenta, pues es un país “pionero” en transición ecológica y que ejerce un rol de liderazgo en este ámbito dentro de la UE.

Pese a la seguridad que transmite Gallach con respecto al tratado UE-Mercosur, podemos encontrar países europeos que no comparten ni de lejos ese mismo entusiasmo. Un ejemplo es Francia, que encargó a un comité de expertos interdisciplinar una evaluación del acuerdo en materia medioambiental. Las conclusiones del comité fueron rotundamente negativas con respecto a los efectos del Tratado.

Una de las primeras frases del informe es clara: “la Unión Europea pierde la oportunidad de usar el poder de negociación para obtener garantías claras que cumplan las expectativas medioambientales, sanitarias y sociales de sus ciudadanos”.

La deforestación aparece como una de las preocupaciones principales del informe. Comparado con la media de los últimos seis años, el acuerdo aumentará en un 5% el volumen de deforestación del Amazonas, y eso sin tener en cuenta la cantidad de tierra de pasto adicional que se necesitará para conseguir el aumento en producción de carne de ternera, uno de los principales productos que exporta Brasil a la UE. Este aumento es dramático, pues la pérdida de biodiversidad está asociada a un aumento de probabilidad en la aparición de pandemias, que se está demostrando que impactan más sobre las vidas de los que menos tienen.

Las perspectivas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociados al acuerdo no son mucho más positivas. La UE se comprometía en el Acuerdo de París a reducirlas para 2030 un 40% (¡como mínimo!). Sin embargo, se prevé que el acuerdo aumente entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas las emisiones de CO2, y eso sin tener en cuenta que los árboles dejan de absorber dióxido de carbono debido a la deforestación, lo cual añade gravedad a estas conclusiones.

Pese a todo ello, no significa que el Acuerdo de París esté ausente del compromiso alcanzado entre la UE y Mercosur. De hecho, hay un capítulo sobre Desarrollo Sostenible que invita a las partes a implementar el Acuerdo de París y promover la gestión responsable de las cadenas de suministro. Sin embargo, y al contrario que los capítulos relativos al comercio, este no cuenta con un mecanismo sancionador y su cumplimiento reposa en la aceptación voluntaria de las empresas de su responsabilidad social corporativa.

Por último, el acuerdo UE-Mercosur supone un peligro radical para las comunidades de indígenas que habitan el Amazonas y que siempre han constituido la primera línea de activismo contra la degradación medioambiental. Durante la legislatura de Bolsonaro se ha podido ver una tendencia preocupante al intento de expoliación de tierras y reservas protegidas en favor de la agricultura comercial, minería y las centrales hidroeléctricas. En un país en el que las corporaciones transnacionales y los inversores extranjeros tienen tanta capacidad de decisión sobre la deforestación del Amazonas, un tratado de tal calibre supondría dejar las tierras de los indígenas a merced del mercado internacional.

La posición del Gobierno con respecto a este tratado no parece ser compatible con la imagen que se ha intentado forjar de cara a una opinión pública comprometida con la defensa del medioambiente. Quizás las razones profundas de la implicación española en el acuerdo nos las dé la propia Secretaría de Estado, que recordaba en el Foro la importancia del mismo por la “fuerte presencia de intereses económicos en Brasil”. Esos intereses económicos, que nada tienen que ver con los del ciudadano de a pie, seguramente estén relacionados con empresas del tamaño de las tres que patrocinaban el foro: Iberdrola, Telefónica y en Banco Santander. Parece por tanto que el “Gobierno más progresista de la historia” ha preferido poner por delante de la protección del medio ambiente -cuyo deterioro afecta más a los más pobres- el interés económico de las grandes multinacionales -que solo repercute en su propio beneficio-. Una vez más, el Gobierno Español apuesta por privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Alba G. Ferrín y Germán P. Montañés son militantes de Anticapitalistas.