Redacción Poder popular | El 19-N el Congreso de Diputados votó por mayoría las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Medidas que en gran parte han pasado desapercibidas entre el circo parlamentario al que ya nos tienen acostumbrados ambos bloques del arco parlamentario. Han sido muchos colectivos de pensionistas quienes han rechazado los acuerdos alcanzados, así como organizaciones políticas como Anticapitalistas y la CUP. Para profundizar en los acuerdos alcanzados, charlamos con Jon Fano, miembro del Movimiento de Pensionistas Vascos.
¿Cómo valoras esa decisión y las posibilidades de concreción y materialización de esas recomendaciones?
Francamente con preocupación, pues tales recomendaciones sobre pensiones dejan claras las desviaciones sistemáticas de cotizaciones sociales a políticas de estado distintas de las pensiones, pero consolidan el progresivo deterioro de las prestaciones, anuncian nuevos recortes y ocultan el negativo factor de sostenibilidad.
Las enmiendas presentadas que planteaban algunas medidas progresistas, cercanas a las demandas o reivindicaciones del movimiento de pensionistas vasco, fueron laminadas por la mayoría del Congreso. Los votos positivos que recogieron fueron los de ERC-EH Bildu, BNG, Compromís, Más país y la CUP.
Ahora queda en manos del Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos llevar adelante la concreción y gestión de esas recomendaciones. Y hasta ahora lo único nuevo que hemos oído, más allá de lo previsto en los presupuestos generales de la subida general de las pensiones del 0,9% – incluidas aquí las pensiones mínimas- y del 1,8% para las no contributivas en el 2021, es la disposición del gobierno de realizar un estudio sobre la posibilidad de eliminar los coeficientes reductores de las pensiones a las personas jubiladas con 40 o más años de cotización, pero no a todas, aunque cumplan ese requisito.
Las recomendaciones aprobadas se han presentado como equilibradas, elaboradas con criterios técnicos alejados de la lucha política y que buscan hacer sostenible el sistema público de pensiones. ¿Las medidas propuestas por la Comisión del Pacto de Toledo y aprobadas por el Congreso sirven para acabar con el déficit de la seguridad social, garantizar su solvencia y posibilitar unas pensiones públicas y dignas?
El reconocimiento en las recomendaciones de las deudas del Estado por haberse apropiado de fondos y gastos indebidos de la seguridad social, destinados a cubrir otras necesidades políticas, es parcialmente positivo. El propio Tribunal de Público de Cuentas puso de manifiesto decenas de millares de euros de deuda del estado a la seguridad social, a los que, si sumáramos los más de 500.000 millones de deuda histórica, queda muy claro que, si el fondo de reserva de ésta hubiera dispuesto de todos esos centenares de miles de millones adeudados, no sólo no habría déficit de la seguridad social; sino que se podrían haber garantizado unas pensiones mejores. Pero lo grave e inaceptable es pretender que el saqueo de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva, quede sólo en un estudio de clarificación sin establecer un compromiso de devolución.
Al mismo tiempo hay que señalar que, aunque se devuelva todo o una buena parte de esa deuda, es necesario tomar medidas estructurales para aumentar los ingresos por cotizaciones; de lo contrario los riesgos de vaciamiento o debilitamiento de la solvencia de la Seguridad Social, pueden ser preocupantes a corto y medio plazo.
¿Qué propone el movimiento de pensionistas vasco para acabar con el déficit de la seguridad social?
En las múltiples entrevistas que hemos tenido con los partidos políticos y la propia Sra. Magdalena Valerio, cuando antes era ministra y ahora cuando ha sido presidenta de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, les hemos hecho saber que es imprescindible tomar otras medidas de calado para asegurar la solvencia de la Seguridad Social y posibilitar unas pensiones públicas y dignas. En concreto les hemos argumentado y propuesto.
. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Implantar un SMI de 1.200 euros. Reducir drásticamente el desempleo. Derogar las reformas laborales que han impuesto la precariedad.
. Elevar las cotizaciones empresariales. Incrementar la base mínima de cotización. Destopar las bases máximas de cotización.
. Eliminar las reducciones, bonificaciones a la cotización, tarifas planas.
. Cotizar por ingresos reales en el régimen general de las y los trabajadores autónomos, así como su equiparación de derechos con el régimen general.
. Afloramiento del trabajo sumergido y su integración en el régimen general.
. Inspección y persecución del fraude empresarial. Auditoría de la Seguridad Social y devolución de todas las deudas contraídas con los gastos indebidos de la seguridad social y de las desviaciones del Fondo de Reserva a otras necesidades políticas que no le correspondían.
. Una profunda reforma fiscal que garantice unos ingresos públicos para proteger no sólo las pensiones sino otras muchas necesidades sociales.
Una de las recomendaciones, propone incentivar los planes de pensiones vinculados a la negociación colectiva por medio de ventajas fiscales y con una regulación general que los proteja. ¿Qué experiencia tenéis en Euskal Herria, donde están más extendidos que en el resto del Estado?
Ciertamente en Euskal Herria las llamadas EPSVs, o fondos colectivos de complementos de pensiones tienen una importante dimensión o implantación en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, en amplios sectores de Gipuzkoa como es el de metal, así como en varias empresas grandes con un margen de rentabilidad y beneficios importante.
Estos se impulsaron hace ya bastantes años y contaron con el apoyo de los sindicatos más representativos: ELA, LAB, CCOO y UGT. Han sido asumidos con cierta normalidad entre el grueso de las y los trabajadores afectados, aunque algunos sectores de trabajadores y sindicatos minoritarios estuvieron en desacuerdo, manifestando sus críticas a lo que estos suponían, sobre todo desde el punto de vista de la diferenciación que establecían entre los sectores de trabajadores más protegidos y los más desfavorecidos, y el debilitamiento que suponían para reforzar el sistema público de pensiones y garantizar así unas pensiones públicas y dignas para todo el mundo.
Desde un principio, el movimiento de pensionistas vasco, con matices diferenciados en su seno, manifestamos con claridad nuestro desacuerdo con los fondos privados y colectivos de pensiones, argumentando además de las razones críticas señaladas líneas arriba por los sectores minoritarios, “que rechazábamos que puedan ser bonificados con ingresos públicos, que el beneficio fiscal favorece a los salarios más altos y ofrece una excusa a las empresas para exigir reducción de sus cuotas empresariales, o negarse a que aumenten las cotizaciones; asimismo que benefician a entidades bancarias y aseguradoras que son las que los gestionan con altas comisiones”, y en no pocas ocasiones se dedican a la especulación financiera, explotando sin escrúpulos a quien haga falta, por ejemplo comprando y revendiendo empresas que les permitan obtener grandes beneficios a costa de despidos masivos o recortes salariales y sociales de las trabajadoras y trabajadores.
El movimiento de pensionistas vasco hemos conseguido una cierta socialización del debate sobre esta cuestión. En las entrevistas con todos los partidos políticos y con la Sra. Magdalena Valerio les hicimos saber nuestro desacuerdo, crítica y rechazo a estos planes de pensiones recogidos en las recomendaciones de la mayoría del Pacto de Toledo, que ahora tienen el aval del Congreso.
Este debate ha tomado una dimensión social mayor, sobre todo debido al proyecto que hizo público el PNV hace unos meses, de ampliar lo máximo posible en la Comunidad Autónoma Vasca los Fondos Complementarios de Pensiones a través de la negociación colectiva. Y tenemos constancia de que algunos de los sindicatos mayoritarios que los han apoyado y formado parte de los mismos se sienten incómodos, con dudas e interrogantes cada vez mayores entre sectores de sus bases, ante este debate público de importancia social.
El movimiento de pensionistas se opone al Pacto de Toledo y a las recomendaciones que proponen nuevos recortes, o consolidación de los habidos en los últimos años. Pero fuera de Euskal Herria, por el momento, las plataformas existentes en el resto del Estado, no cuentan, por razones diversas, con el arraigo y capacidad de convocatoria y movilización del movimiento de pensionistas vasco. ¿Qué planes de acción tienen el movimiento de pensionistas de Euskal Herria? ¿Hay posibilidades de coordinación, de unidad de acción para la movilización con las plataformas o movimientos de pensionistas del resto de los pueblos del Estado?
En las cuatro provincias del sur del País Vasco, venimos ininterrumpidamente movilizándonos ( con concentraciones todos los lunes en las cuatro capitales y en unos 70 pueblos grandes y medianos, con manifestaciones locales, comarcales y provinciales) y los días 30 de noviembre en Iruña-Pamplona y el 5 de diciembre en las otras tres capitales (Vitoria-Gasteiz, Donostia y Bilbao) así como en numerosos pueblos llevaremos a cabo diversas manifestaciones, en las que esperamos contar con el apoyo de buena parte de los sindicatos y de numerosos colectivos sociales.
Podemos prever que participarán miles de pensionistas, trabajadores, trabajadoras y personas de otros colectivos o movimientos sociales. Esta previsión es factible, habida cuenta de que a pesar de las limitaciones y el miedo que genera la pandemia, en los últimos meses unas 4.500 personas pensionistas participamos todos los lunes en las concentraciones. Y viendo el ambiente y la disposición que percibimos entre las mujeres y hombres pensionistas, no nos cabe la menor duda de que esas manifestaciones contarán con una asistencia importante y que en los próximos meses seguiremos en la pelea denunciando los recortes que se puedan ir dando y exigiendo con fuerza nuestras demandas y reivindicaciones.
Las posibilidades de una unidad de acción movilizadora con las plataformas o movimientos de pensionistas del resto del estado que, por razones diversas, no cuentan con el arraigo social y capacidad de movilización del movimiento de pensionistas vasco, presentan algunas dificultades . Tenemos contactos individuales, en algunos casos con colectivos, pero nos señalan las dificultades con que se encuentran para impulsar movilizaciones de pensionistas con cierta dimensión social. Estos días hemos enviado una carta de invitación a un grupo amplio de personas y plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del estado para ver si podemos coincidir en la fecha del 5 de diciembre, del modo que en cada lugar crean conveniente, para hacer visible una movilización significativa al menos en algunas capitales y localidades del resto del Estado. Desde luego, las y los pensionistas vascos estamos dispuestos a colaborar en determinadas unidades de acción movilizadora, desde el respeto y autonomía total de todas las plataformas o movimientos, bien de carácter local, provincial autonómico o nacional, como es nuestro caso, el de Cataluña y Galicia.