Lorena Cabrerizo | La Cañada Real Galiana es un asentamiento irregular que tuvo sus orígenes en los años 60 con las primeras ocupaciones de esta vía pecuaria en desuso. Un asentamiento en el que hoy conviven más de diez mil personas y cuyos límites administrativos y territoriales afectan a cinco entidades diferentes. Como tantas urbanizaciones ilegales que hay en nuestro país, el enganche a la luz se produce sin contrato. Enganches ilegales que han sido siempre tolerados por administraciones, empresas y policía.

Sin embargo, desde hace dos meses casi la mitad de la población de la Cañada se está viendo privada de luz por los cortes que está llevando a cabo la empresa suministradora, Naturgy. Un conflicto que ha movilizado a la ciudadanía afectada, quienes están reclamando poder regularizar su situación y tener contratos legales. Una demanda legítima que se está topando con la negativa de las autoridades competentes.

Entrevistamos a Javier Rubio, abogado, activista por la vivienda y miembro de CAES, que lleva más de diez años interviniendo en la Cañada Real. Ha participado en sus asambleas ciudadanas, en la presentación de recursos frente al Ayuntamiento de Madrid y de Rivas contra las órdenes de derribos o denunciando, junto a otros colectivos y movimientos, la situación medioambiental de la Cañada con respecto a la incineradora de Valdemingómez.

 

¿Qué está pasando en la Cañada Real?

Desde hace dos meses se sufre un corte de luz casi permanente en el sector 6 que afecta a unas 900 familias y 3000 personas, un corte de suministros que se ha ampliado al sector 5, sumando a otras 1000 y pico personas más afectadas. Esto constituye una vulneración de derechos humanos de primer orden, porque no tener luz regular implica problemas de muy diversa índole: no poder calentarse en invierno, no poder mantener los alimentos ni los medicamentos frescos, no tener luz en la vivienda a partir de la hora en la que cae el sol, niños y niñas que no pueden seguir las clases y están perdiendo el ritmo de aprendizaje por no tener luz. La situación por momentos es realmente espantosa.

Ante esto, desde la ciudadanía, sobre todo del sector 6, se han llevado a cabo movilizaciones, cortes de carretera, concentraciones [la última fue el Cibeles frente al Ayuntamiento y mañana hay otra convocada en Sol, frente a la sede de la CM, de 11 a 13 horas], actuaciones que interpelan directamente a las administraciones públicas implicadas: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, de Rivas, de Coslada y los dos comisionados, máximas autoridades, para la Cañada Real. Además, se ha presentado denuncia ante el Defensor del Pueblo, se han enviado cerca de 60 cartas al Comité de los Derechos del Niño escritas por los propios chavales, y se están intentando recabar el apoyo de los colegios públicos de la zona de influencia donde acuden los y las menores de edad afectados por esta situación. Ahora también se está movilizando el Sector 5 y espero que la suma de todos consiga devolver la luz al barrio.

 

¿Cuál ha sido la respuesta de la administraciones?

La respuesta que se está dando por parte de las autoridades para motivar estos cortes de suministro es que existen plantaciones de marihuana que hacen sobrecarga en la red eléctrica y, por lo tanto, es la empresa Naturgy la que decide cortar la luz porque se sobrepasan los límites de carga del sistema. También se ha informado de un plan de choque policial para intervenir estas plantaciones pero, al ser confidencial, no tenemos más información. Teóricamente, se desmantelarán las instalaciones, pero no se sabe ni cuando, ni como. Eso tampoco garantiza suministro regular a medio plazo.

Esta falta de información sigue condicionando y complicando la situación de esta familias que se están encontrando con muchas dificultades para regularizar su situación, arreglar las instalaciones y acceder mediante un contrato al suministro de luz. No se niegan a pagar el servicio, es más, quieren contratarlo con las empresas y pagar sus recibos, y para aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, poder acceder al bono social y tener una factura reducida. Sin embargo, por parte de las administraciones se está volcando todo a una posible solución policial para reducir la sobrecarga pero sin regularizar ni mejorar la instalación ni permitir que la gente haga contratos.

 

¿A qué crees que se debe esa negativa por parte de administraciones?

Suponemos, pensamos, que las administraciones no quieren que la gente tenga regularizado el suministro porque eso sería darle una apariencia de legalidad que no les interesa, puesto que los sectores 4, 5 y sobre todo el 6, se supone que tienen que ser desmantelados en algún momento. Y aquí entra la cuestión del Pacto Regional, que está siendo incumplido desde que se firmara en 2017 por parte de varias administraciones. Por su parte, Naturgy no ha dado la cara ni se relaciona, solo a través del comisionado de la Cañada, que hace la labor de interlocución. Hicieron un comunicado conjunto los dos comisionados hace dos semanas donde dicen que el suministro no es competencia suya.

 

¿Cuáles son, a tu juicio, esos incumplimientos?

El Pacto está siendo incumplido en sus partes más vitales para las condiciones de vida de la gente. Tiene bastantes cosas que criticamos: se formuló muy a la ligera, sin hacer un estudio real y desde luego, al sector 6 se le condenó a ser desmantelado sin estar lo suficientemente sustentando y sin incluir las afectaciones existentes para la salud.

El primero y más claro de esos incumplimientos es que el texto establece que se garantizará el suministro eléctrico en toda la Cañada sin distinción de sectores. Sin embargo, como el Pacto solo establece de forma clara el desmantelamiento del sector 6, dejando pendientes los sectores 4 y 5, tampoco quieren dar pasos hacia una normalización del suministro para evitar que se consoliden las construcción en los otros sectores. En este sentido, el Pacto no explica los motivos por los que el sector 6 se tenga que desmantelar y no los otros sectores; podríamos a entrar a discutir la conveniencia o no de hacerlo (por la cercanía a Madrid, a la incineradora de Valdemingómez o al Parque Regional del Manzanares, por ejemplo) pero no lo explicita.

La principal afección que existe es Valdemingómez, que por la quema de residuos tiene unas emanaciones tóxicas que afectan a la salud. Pero eso no se dice en el texto, se obvia. De hecho no sólo produce estos daños en la salud a los habitantes de Cañada, también afecta al Ensanche de Vallecas, a Rivas y, según la rosa de los vientos, afecta a más municipios. Así que, si por este motivo se tuviera que desmantelar el sector 6, se tendría que desmantelar muchos núcleos de Madrid y Rivas, o los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste, que además se están reactivando.

 

Volviendo al desmantelamiento del Sector 6, que sí está contemplado en el Pacto, ¿cómo está la situación actual?

Efectivamente es uno de los elementos que también están siendo incumplidos y que, además, hay que ponerlo en cuestión. Sólo se ha conseguido, hasta la fecha, hacer un realojo parcial de una zona del sector 6. Se ha tardado 3 años en llegar a un convenio y que haya un acuerdo entre las administraciones para asumir el gasto de los realojos. Una política de realojos que, además, tiene mucha polémica porque muchas personas son realojadas en zonas rurales en las que no tienen arraigo social, ni red familiar, ni vehículo propio- y son enviados a pequeños municipios a más de 70 kilómetros-, en viviendas muy baratas y en mal estado que ha comprado la Comunidad de Madrid, y además son realojados sin un plan de acompañamiento.

Además, si en 3 años sólo se ha conseguido realojar a 150 familias, imagínate lo que se tardará hasta llegar a las casi 900 que viven en el sector 6. Yo creo que esos realojos, si se realizan van a tardar muchos años, entonces ¿vamos a estar todos esos años sin suministro eléctrico regular? No tiene sentido.

 

¿El Pacto Regional está valorado presupuestariamente?

No, no tiene una correspondencia en términos de recursos públicos, más allá de ese realojo parcial que sí estuvo dotado presupuestariamente. Pero el resto del pacto y de las actuaciones que contempla no tiene dotación presupuestaria. De estarlo, podría cuestionarse el coste de urbanizar y mejorar la Cañada en comparación con los realojos que están pendientes.

 

 Y al hilo de esto último, ¿por qué crees que no se hace una verdadero plan de urbanización y mejora de la Cañada? ¿qué es lo que impide que se lleve a cabo lo que quieren la mayoría de familias, que es quedarse allí, con todos los servicios necesarios?

Yo creo que al ser una cuestión que implica un gasto fuerte, un plan de trabajo participado con los vecinos, que hay que ir acordando con todas la administraciones implicadas, tiene mucha dificultad desde el punto de vista técnico y político. Pero realmente no existe voluntad de intentar integral la Cañada en las tramas urbanas más cercanas, o construir ciudadanía con todos sus derechos.

La administración con mayores incumbencias es la Comunidad de Madrid, porque el suelo es suyo, es el titular de la vía pecuaria, y no tiene voluntad de resolverlo. Es un foco de exclusión social, pero parece que no le importa ni es su negociado. Todo es muy lento, no se dan respuestas adecuadas. En tres años de Pacto Regional ha habido pocas mejoras, y ahora ni siquiera sirve para que haya luz.

Luego está el problema de los núcleos de la droga, que tampoco se termina de desmantelar. Desde que llegaron en 2005, desplazando el problema desde otras zonas y barrios de Madrid, ha habido intervenciones pero no terminan de solucionarlo. Mientras no haya conflicto político, no se ve. Ahí puede estar la gente matándose, los “yonkis” tirados en la calle, muriéndose de frio; la gente, los chavales y la gente enferma pasando calamidades terribles. Pero como es gente en “supuesta” exclusión, no importa a nadie.

 

En tu opinión, ¿cuál crees que fue la intención de este Pacto?

Se dice que la Cañada es el mayor asentamiento ilegal de Europa. No estoy seguro pero sí sé que, al menos, es el más grande de España, por extensión y numero de personas. Sí, es una urbanización ilegal, una autoconstrucción, pero es que en España existen centenares de urbanizaciones -desde segundas residencias, urbanizaciones en el pueblo, en la costa o en la montaña-, que son igual de ilegales. La Cañada es una autoconstrucción, una urbanización de pobres, pero es tan urbanización ilegal como tantas que hay repartidas en España.

En su momento el Pacto se firmó muy deprisa y sin tener en cuenta cuestiones importantes, si de verdad se quería abordar el problema. Ahí hubo un consenso de todas las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid, incluidas las izquierdas, que a nosotros nos sorprendió bastante porque hablamos con ellos y sobre todo les insistimos en incluir lo de Valdemingómez. Pero luego desapareció del texto. Parece que nadie quiere mencionar el tabú de Valdemingómez, pero es el elefante en el salón. La idea inicial del Pacto era buena en tanto pretendía poner a todo el mundo de acuerdo en buscar una solución; lo que ocurre es que si ese Pacto no aborda bien los problemas ni señala bien las afecciones y condicionantes que existen nos estamos poniendo de acuerdo en una mala solución. ¿El consenso es positivo? Pues depende de para qué.

 

Cada cierto tiempo, la Cañada reaparece en los medios por distintos motivos, pero parece que ahora la movilización está siendo más potente que en otras ocasiones, ¿qué está marcando la diferencia?

Pensamos que ahora hay un tejido potente y combativo, sobre todo conformado por mujeres. Una serie de gente que se está movilizando por sus derechos y que está consiguiendo hacer alianzas con chavales, con gente de otros barrios, con sectores de la opinión pública. También se está pidiendo el apoyo de la gente de otros sectores para actuar conjuntamente, aunque tengan contratos legales.Aunque en la Cañada también hay división entre las organizaciones y colectivos que allí operan: es muy variada y por tanto, hay intereses distintos. Hay diferencias de clase, de raza, de idioma, lo cual lo complica todo pero también es un reto que a través de un proceso de luchas se pueda construir ciudadanía diversa y plural y que se pone en marcha por un objetivo común como es la luz.

Todo eso está muy bien pero el enemigo es muy grande: se enfrentan al Estado y a empresas de electricidad, nada menos que Naturgy (antigua Unión Fenosa) y que es casi más grande que un Ministerio. Y a pesar de todo, existe una contradicción que las autoridades no van a poder ocultar a la opinión pública: por mucho que el sector 6 pueda ser realojado con el tiempo, tú no puedes permitir que mientras tanto la gente viva sin tener garantizado un mínimo de sus condiciones de vida y una garantía básica de derechos humanos. Podemos discutir si hay que realojar o no, pero no puedes discutir que la gente tiene que poder calentarse en invierno y tener luz cuando es de noche. Una vez que los vecinos se han puesto en marcha para regularizar y contratar el servicio de la luz no hay marcha atrás.

Lorena Cabrerizo es militante de Anticapitalistas.

Comparte: