Martín Lallana | Hoy miércoles 3 de febrero se hacía pública la creación de ALIENTE: Alianza Energía y Territorio conformada por más de 80 colectivos ecologistas y plataformas de defensa del territorio. La alianza tiene como objetivo visibilizar los impactos que tiene un desarrollo puramente especulativo de las energías renovables sobre el territorio, así como reivindicar la necesidad de conservar la biodiversidad, un descenso en el consumo energético y un modelo distribuido para la transición energética. El lanzamiento público ha venido acompañado por un posicionamiento sobre la biodiversidad que ha recibido el apoyo de 250 personas del ámbito científico. En este posicionamiento se recoge un conjunto de trece medidas dirigidas a los gobiernos central y autonómico para que se garantice la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la transición energética a renovables.

Desde la alianza se hace énfasis en que la transición energética que es urgente y necesaria, pero esta “no puede consistir en una transición meramente tecnológica” y “carente de atención hacia el soporte en el que se instala dicha tecnología: el territorio”. Se señala al cambio climático, el agotamiento de recursos y la pérdida de biodiversidad como los tres máximos exponentes de la crisis ecosocial sin precedentes en la que nos encontramos. En este sentido, las reivindicaciones parten de una necesidad de abandonar los combustibles fósiles y aumentar el peso de las energías renovables. Se considera, sin embargo, que esto no puede hacerse de la forma en la que está ocurriendo en este momento. Se señala cómo los planes del Gobierno están orientados hacia un desarrollo de las renovables a gran escala y bajo un paradigma centralizado, al mismo tiempo que carecen de políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética.

En el primer documento publicado por la alianza se exige la aprobación de un plan de áreas de exclusión que prohíba la construcción de instalaciones de energías renovables a gran escala en su interior, por su alto valor natural, paisajístico y de conservación de la biodiversidad. Dentro de estas áreas de especial protección sí que se considera adecuado que se pudieran permitir pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW, vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria. Destacan también las exigencias por una mejora en los procesos de Estudio de Impacto Ambiental de este tipo de instalaciones, así como la necesidad de independencia de los estudios con respecto a los promotores de los proyectos en cuestión.

Lejos de representar una respuesta estilo NIMBY (Not In My Back Yard / No en mi patio trasero) que se oponga a los impactos de los proyectos, pero no a su realización en otro lugar, ALIENTE nace reivindicando la necesidad de un cambio en el modelo energético que garantice una minimización de las consecuencias negativas que tienen este tipo de instalaciones. De este modo, se pone el foco en la necesidad de un descenso en el consumo energético y en el desarrollo de un modelo distribuido con instalaciones renovables de pequeño tamaño. Esto implica muchas más instalaciones en muchos más sitios, en lugar de unos cuantos mega-parques eólicos y fotovoltaicos en aquellos lugares que más les convenga a las empresas privadas que hay detrás. Un modelo distribuido permite una mayor compatibilidad con la ordenación del territorio, permite acercar los centros de consumo a los centros de producción, y permite una mejora en la eficiencia energética. Implica, además, un mayor control y democratización de la energía, pues se considera imprescindible que en esta transición energética logremos que la energía deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho. Como señalaba Álvaro Campos, miembro impulsor de ALIENTE, para Público: “Hay que resignificar lo que son las renovables, porque entendidas de esta manera son otra forma más de la tecnología al servicio del capital”.

El nacimiento de ALIENTE se da en un momento en el que el debate sobre los impactos de los grandes proyectos de energías renovables está en aumento, sobre todo en aquellos territorios más afectados por este tipo de mega-proyectos. La propia composición geográfica de las entidades que conforman la alianza es muestra de ello. Destacan múltiples colectivos y plataformas de Aragón, Galicia, Castilla León y Cantabria. Espacios como la “Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel” o la “Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica” llevan ya meses reivindicando la necesidad de una planificación y ordenación territorial de la transición energética. Se ha visto cómo el actual mecanismo de subastas y permisos para las nuevas instalaciones de renovables ha favorecido un reparto geográficamente desigual de las mismas. Son muchos los lugares de la “España vaciada” los que están viendo cómo múltiples proyectos se concentran en espacios de gran importancia natural, agrícola y paisajística. De esta forma, se penaliza todavía más a aquellos territorios que han sido históricamente abandonados y despreciados, esta vez con la excusa de la transición energética.

Esta representatividad geográfica por parte de las entidades que la conforman es justamente una de las fortalezas de esta alianza. Se parte de una fuerte implantación y arraigo en los territorios que están viendo como grandes empresas y fondos de inversión negocian enormes proyectos de cientos de megavatios sobre los campos y montes de su zona sin que nadie les de ninguna oportunidad de opinar al respecto. Y es que buena parte de las reivindicaciones sobre este conflicto pasan por una mayor soberanía de las poblaciones para decidir el rumbo que debe tomar la transición energética y ecológica.

Escrito por:

Martín Lallana
Activista Ecologista y militante del Área de Ecosocialismo de Anticapitalistas. Zaragoza.
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