Andrés Pradillo Gallego | Esta semana, del 17 al 23 de febrero, se celebra la semana de la lucha contra la pobreza energética en conmemoración de las oleadas de frío extremas que helaron Europa en el mes de febrero de 1956.  Ahora, y más que nunca, tras la ola de frío del mes de enero en el conjunto del Estado, las consecuencias del temporal Filomena y su analogía con el invierno del 56, es fundamental recordar y poner en el centro de la agenda social el drama de la pobreza energética, así como sus manifestaciones más extremas.

Actualmente, entre 50 y 125 millones de personas sufren de pobreza energética en nuestro continente. Concretamente, 6,8 millones de personas declararon tener dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o manifestaron mantener retrasos en el pago de las facturas de energía en el Estado español, de las cuales 900 mil dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica, lo que supone la forma más extrema de pobreza energética.

Estas cifras son espeluznantes y más aún si tenemos en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 ya aludía al derecho de una vivienda digna y adecuada con todos los servicios que la acompañan -como la energía-. Asimismo, el derecho a la energía domestica fue mencionado y tipificado explícitamente por la Observación General nº4 de Naciones Unidas de 1991 como un elemento que debía incluirse dentro del derecho a una vivienda digna y adecuada. Por lo tanto, el derecho a la energía se debe considerar como un derecho fundamental en los textos constitucionales con su debido encaje, protección y las correspondientes garantías jurídicas necesarias para su cumplimiento, de tal manera que se evite la privación del derecho a la energía de las personas más vulnerables.

Hasta la promulgación del RDL 6/2009 que formalizaba el bono social, no había ningún mecanismo de protección dirigido a los consumidores vulnerables proclives a sufrir de pobreza energética. Tras más de 11 años desde la implantación de esta medida, cabe preguntarse si este mecanismo ha sido capaz de garantizar el derecho a la energía. Los datos expuestos anteriormente parecen negar la mayor.

Según el informe de Pobreza Energética de 2018 de Ecologistas en Acción, el bono social eléctrico no cubre el número real de consumidores vulnerables de nuestro país. A 12 de junio de 2020, según el Ministerio de Transición Ecológica, únicamente 1.324.000 personas eran beneficiarias del bono social, lo que no supone ni un 20% del total de personas en el umbral de pobreza energética. Además, como señalaba Aliança contra la Pobresa Energètica, muchas de las familias beneficiarias de este bono no pueden pagar sus facturas ya que los descuentos del 25% y del 40% para determinados supuestos y condiciones -demasiado concretos y excluyentes- son más que insuficientes. Por si no fuera poco, en tiempos de pandemia, tanto la complicada tramitación de su solicitud como las numerosas trabas burocráticas no ayudan en absoluto. Por no hablar de la financiación de una gran parte del bono social, que es asumida en un 50% por la Administración Autonómica y Local, que termina subvencionando indirectamente al oligopolio eléctrico, cuando son estas mismas empresas las responsables de la subida del precio de la luz. Considerando que la deuda pública se sitúa en un 114% y que grandes eléctricas como Iberdrola, Naturgy o Endesa han obtenido beneficios por más de mil millones de euros cada año, no tiene lógica alguna que sean las clases populares quienes carguen con estos gastos. Empresas que además serán probablemente beneficiadas con los fondos de rescate NGUE, sin que medie condicionalidad alguna a este respecto.

En cualquier caso, el derecho a la energía no solo está siendo privado a millones de personas en el conjunto del Estado de forma pasiva, sino que, de igual manera se está privando del mismo de forma activa a miles de personas incluso a aquellas que pagan sus facturas en ciertos barrios del Estado. Estos son los casos de la Cañada (Madrid), Sant Roc (Badalona), Font de la Pólvora (Girona), Distrito Norte (Granada) o Polígono Sur (Sevilla).

Uno de los casos más dramáticos es el de la Cañada Real en Madrid. Desde el 2 de octubre de 2020, las vecinas del Sector V y VI de la Cañada -unas 4000 personas, entre ellas, 1800 niños y niñas- no han tenido acceso o han sufrido cortes continuos del suministro de luz por parte de la empresa suministradora Naturgy. La Comunidad de Madrid y Naturgy se han limpiado las manos aludiendo a que los cortes se deben a una supuesta sobrecarga de la red por plantaciones de cannabis, evitando todo tipo de responsabilidades y sin plantear ninguna alternativa más allá del realojo de las vecinas en varios pabellones -exclusivamente durante el temporal Filomena- y sin previa mediación con las asociaciones vecinales, que desgraciadamente ha resultado en el fallecimiento de al menos un señor de 72 años el día 2 de enero.

Para comprender lo sucedido, es necesario tratar el principal acuerdo institucional sobre el cual se iban a desarrollar las siguientes actuaciones de la administración pública en la Cañada. Se trata del Pacto Regional por la Cañada, firmado en 2017 por las administraciones públicas implicadas y todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. En él, se expresaba que el suministro de luz debería mantenerse en todo momento sin distinción entre los sectores. A la vista está que no se ha cumplido. El Pacto Regional también mantenía que los vecinos del sector VI debían ser realojados en otros lugares de la CAM, pero sin una explicación definida y explícita de las razones del realojo, con una dotación presupuestaria prácticamente inexistente y con una política de realojos totalmente inconsciente de la realidad del arraigo social y familiar de las vecinas de la Cañada como bien señalaba Javier Rubio -abogado y activista en la Cañada- en una entrevista en este mismo medio.

Entonces, ¿por qué se están dando estos cortes de suministros en la Cañada? Como explica el compañero Raúl Camargo en su artículo en Público, no solo se está privando del derecho a la energía a los habitantes de la Cañada, sino que se les está intentando echar de la manera más rastrera posible, imposibilitando la habitabilidad de las casas que ellos mismos han construido. Y, ¿para qué? Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno de Ayuso ha nombrado como nuevo Comisionado para la Cañada al que fuera presidente de la Sección Madrid de la «Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo”, José Tortosa, la intencionalidad parece bastante clara. De hecho, recientemente el grupo inversor Kronos ha comprado 26.267 metros cuadrados de terreno para la construcción de 1.419 viviendas en Los Ahijones, terreno que colinda con la Cañada. Esta se sitúa en un espacio estratégico para los intereses del gobierno de Ayuso y de las grandes constructoras e inmobiliarias, y sus habitantes no iban a ser un obstáculo. O eso creían.

Desde el primer momento las asociaciones vecinales del Sector V y Sector VI (Tabadol, A.VV Sector 5, Al-Shorok, AMAL y más) se movilizaron para defender sus derechos y son muchas las manifestaciones y concentraciones frente a la Asamblea de Madrid, Naturgy o la sede de la Comunidad de Madrid en la céntrica Puerta del Sol, que se han sucedido desde que iniciaran los cortes, apoyadas por colectivos y organizaciones sociales pero también por muchas vecinas y vecinos de Madrid De igual manera, acciones como la del colectivo Boa Mistura durante la noche de reyes, el manifiesto dirigido al Gobierno central firmado por más de 100 organizaciones en todo el Estado-en contra de los cortes de luz en 12 barrios del territorio estatal-,  la carta al Comité de los Derechos del Niño escrita por 65 niños y niñas de la Cañada y los procedimientos legales iniciados solicitando la intervención de la Fiscalía General del Estado, ayudan a aumentar la visibilización de lo que está sucediendo en la Cañada, así como a potenciar de sus demandas.

De todas formas, han pasado más de cuatro meses desde el comienzo de este conflicto y no aparece en el horizonte cercano una solución satisfactoria para las vecinas. La posible debilitación de los lazos entre el movimiento vecinal, con una línea más activista, y el equipo de mediación, que apuesta por un dialogo estéril con los actores institucionales implicados, podría generar una pérdida importante de fuerza para seguir luchando. Si sumamos, además,  la reducción de la cobertura mediática y cierta fatiga social, factores que conllevan la “normalización”  del suceso,  existe un riesgo elevado de que el conflicto se estabilice y se esfumen las esperanzas de terminar con la forma más extrema de pobreza energética que se está dando  actualmente a escasos 11 kilómetros de la Puerta del Sol.

Por ello, hoy, 17 de febrero, día Internacional de Lucha contra la Pobreza Energética, es fundamental señalar y marcar un horizonte de acción política para garantizar el derecho a la energía, que pase por establecer un plan y una batería de medidas capaces de acabar con la pobreza energética. En este sentido, es necesario establecer políticas públicas ligadas al control de precios de la factura de la luz, para evitar lo que sucedió durante la ola de frío del mes de enero; ampliar la cobertura del bono social eléctrico -incluyendo gas y agua- para alcanzar a las más de 6 millones de personas que sufren de pobreza energética, además del porcentaje de descuentos y de supuestos con rebajas del 100%; facilitar ayudas para los hogares con baja eficiencia energética con el objetivo de paliar la pobreza energética y no para subvencionar a las grandes empresas en los recambios de los sistemas energéticos de los edificios; nacionalizar las grandes eléctricas para garantizar el derecho a la energía, ya que este es un bien público de todas y de todos, y no debe ser un  medio de enriquecimiento de unos pocos, y finalmente, iniciar un proceso de transición de modelo energético a un modelo de energías no-fósiles con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero que garantice el acceso público a la energía como derecho fundamental.

Sobran razones para la movilización. Por eso, llamamientos como los del hoy frente el Ministerio de Transición Ecológica requieren de la participación de todos y todas las que defendemos los derechos humanos y luchamos por una sociedad justa, igualitaria y ecológicamente sostenible.

Escrito por:

Andrés Pradillo Gallego
Estudiante de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. Militante de Anticapitalistas Madrid y de Abrir Brecha.
Comparte: