Redacción Castilla-La Mancha | En Guadalajara está teniendo lugar un insólito macroproceso judicial que amenaza gravemente la libertad de expresión e información. El año pasado la Fiscalía Provincial de Guadalajara solicitó una pena de cuatro años y medio de cárcel para un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que fotografió el desahucio de una pareja de jóvenes de 17 y 19 años con su bebé de pocos meses en el barrio guadalajareño de El Alamín, por lo que se le imputa un delito de “revelación de secretos”.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, cuya titular es la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, prohibió además a la PAH, con carácter general, fotografiar desahucios en los que intervengan agentes judiciales. Por si fuera poco, en enero de este año la jueza ha empezado a llamar a declarar como investigadas a personas de diferentes lugares del Estado español que criticaron en redes sociales esa prohibición y que fueron identificadas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.

Desde la PAH, con el apoyo de diversas organizaciones y colectivos, se ha lanzado una campaña de denuncia de este grave ataque a la libertad de expresión e información. Este pasado lunes se celebró en el Teatro del Barrio de Madrid un acto público titulado ‘Señalar un abuso no es un delito’ que contó con la participación de varias personas represaliadas por su activismo; hoy se ha hecho público un manifiesto suscrito por múltiples organizaciones y colectivos en el que expresan su repulsa al procesamiento del activista de la PAH y advierten sobre la utilización del tipo penal de “revelación de secretos” como herramienta represiva; y este próximo jueves la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado en esa ciudad una asamblea abierta con el fin de organizar e impulsar la lucha colectiva frente a la represión.

Este nuevo ataque a la libertad de expresión e información se inscribe en un contexto de escalada represiva y retroceso de derechos y libertades en el conjunto del Estado español. El gobierno de coalición PSOE-UP no solo se ha demostrado incapaz de derogar la ‘Ley mordaza’ y la reforma del Código Penal, sino que ha aprobado además nuevas leyes represivas, como la llamada ‘Ley mordaza digital’, mientras el aparato judicial y policial del Estado continúa ejecutando desahucios, encarcelando a activistas y reprimiendo con brutalidad la creciente protesta social. Esta situación pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en la autoorganización popular y en la confluencia de las distintas luchas en un amplio movimiento contra la represión capaz de hacer frente a esta ofensiva contra nuestros derechos y libertades.

Comparte: