La izquierda revolucionaria, ni antes ni ahora hemos aceptado la actual Constitución española

No defendemos el régimen del 78, centralista, neoliberal y monárquico ni la constitución que lo consagra

Manuel de la Rosa Hernández | Tras la muerte del dictador, durante la llamada transición, sigue en pie un potente movimiento obrero y popular que venía en ascenso. Se dan fuertes movilizaciones obreras, estudiantiles y populares. Fue un periodo convulso, imprevisible, por eso conspiraron distintas fuerzas para aplacarlo y reconducirlo. La continuidad en la jefatura del estado ya había sido decidida durante la dictadura de Franco nombrando sucesor en la persona de Juan Carlos con el título de rey, quien jura su lealtad al régimen franquista. En el plano político. Desde sectores del régimen franquista logran vertebrarse en torno a un partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). En la izquierda, hay fuerzas que están dispuestas a una salida pactada y también en el seno del movimiento obrero , especialmente Comisiones Obreras, la principal organización de la clase obrera en ese periodo. Entre estos actores, a pesar de la inestabilidad política, se empieza a construir un nuevo régimen y se pacta la Constitución.

Marco político en el que se fragua la Constitución del 78

Eran años convulsos, las huelgas y movilizaciones obreras eran el centro de la lucha de clases, tanto antes como después de la muerte de Franco que se producirá en noviembre de 1975. En el plano internacional se habían producido recientemente el desmoronamiento de las dictaduras militares de Grecia y Portugal. El eco de la Revolución de los Claveles estaba muy cercano para la burguesía española y sus aspiraciones e intereses europeístas también. Todo ello presionaba sobre sectores del régimen. En verano de 1974 el PCE había impulsado la creación de La Junta Democrática y paralelamente el PSOE había conformado la Plataforma de Convergencia Democrática. A comienzos de 1976 deciden reducir las movilizaciones para negociar. En el mes de marzo la Junta Democrática y la Plataforma democrática se fusionan (conformado la “platajunta”) para negociar con los franquistas.

La ofensiva final del régimen franquista español para resistir su caída había acrecentado las políticas represivas del estado, las caídas de miembros de organizaciones de la izquierda se incrementaron, llevando a centenares de personas a prisión, con el aumento de detenciones y juicios. La amnistía se va a convertir en una reivindicación masiva, un clamor popular y democrático en las calles, a las puertas de las prisiones, con grandes jornadas de lucha en Euskal Herria, Barcelona o Madrid.

Arias Navarro intenta reformar el régimen franquista, pero fracasa en su intento y dimite. El movimiento de masas seguía pujando por libertades democráticas plenas y por derechos sociales y laborales. Adolfo Suárez fue designado presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos I el 3 de julio de 1976 después de que el Consejo del Reino propusiera al rey una terna de candidatos tras la dimisión de Carlos Arias Navarro.

El 15 de diciembre de 1976 se promueve por parte de Adolfo Suárez el referéndum sobre la Reforma Política, la “oposición democrática” llamó a la abstención pero sin imponer ninguna agenda ni alternativa al gobierno de Suárez. En ese Referéndum habrá un 77% de participación y un 80% de votos síes, para muchos significó el comienzo de la transición. Adolfo Suárez va a promover la celebración de unas elecciones. Estas se celebrarán el 15 de junio de 1977, Suárez va a orientar su actividad política a los grandes pactos. Entre ellos el pacto por una Ley de Amnistía que no respondía a las exigencia del movimiento por la libertad de los presos políticos, incluía también a los represores que eran los verdugos de quienes sufrían prisión, muerte o exilio, lo que la convertía en una ley de punto final en los hechos. A día de hoy sufrimos sus consecuencias al no juzgar los crímenes del franquismo. La impunidad del franquismo les llevará a cometer crímenes como el atentado de los abogados laboralistas de Atocha, entre otros muchos asesinatos.

En la izquierda se producía un intento de mayor control por parte del PCE del movimiento obrero al servicio de su estrategia de “ruptura pactada”, en realidad de aceptación de que la iniciativa política la llevara el gobierno de Adolfo Suárez. La nueva situación política estaba marcada por la consolidación del gobierno de Suárez, a su izquierda se mantenía una alta combatividad del movimiento popular, pero sin alternativa política combativa de masas.

Las organizaciones reformistas del PCE y del PSOE convencieron a gran parte del movimiento obrero de que sus claudicaciones al gobierno de Suárez eran la única vía posible a la democracia. El PCE era legalizado, aceptaba la bandera roja y gualda y la institución monárquica, causando malestar en alguna militancia, pero ello no tuvo expresión política significativa.

En las elecciones del 15 de junio gana UCD, aunque seguida por el PSOE. Se consolida el proyecto de derechas de UCD, el PSOE y PCE no pretendían ni intentaron otra cosa. Suárez estaba en condiciones de seguir gobernando. Esos resultados pesaron muy negativamente en los sectores antifranquistas más combativos.

El pacto social estuvo sobrevolando la vida política y la lucha de clases en este periodo político. Este era un objetivo fundamental para el gobierno de Suárez, que condicionaría los acuerdos políticos. Tras las elecciones lo van a terminar siendo los Pactos de la Moncloa. Frente a la crisis económica, la inestabilidad política , la burguesía presionaba para debilitar la fuerza y empuje del movimiento obrero para imponer ajustes en las condiciones laborales (salarios, jornada laboral,…) Las direcciones intentan cabalgar la situación imponiéndole al movimiento obrero reducir los costes salariales y derechos en nombre de la democracia, a esto se entregan a fondo el PCE, y CCOO cerrando filas, pero también el PSOE y UGT. El PCE hablando de “compromiso histórico”, para lo que no fue otra cosa que una traición en toda regla a la clase obrera. Los Pactos de la Moncloa llevaron a una importante critica sindical y política por opciones a la izquierda de los firmantes, pero sin lograr revertir la situación. La imposición de los Pactos de la Moncloa significó una durísima derrota para el movimiento obrero.

Se prepara una Constitución centralista y monárquica

Sabemos que el presidente Adolfo Suárez maniobró para que en ningún caso se abordará una consulta sobre monarquía y república, lo comenta y reconoce en una entrevista en 1995 sobre la Transición, que le realizaba Victoria Prego y que se escuchó de su propia boca, cuando no esperaba que se estuviera grabando en ese momento. En ella el “gran demócrata” Adolfo Suárez le contaba a la periodista que no convocó una consulta sobre monarquía o república porque consideraba que la podía perder, ya que una encuesta realizada por aquellas fechas destacaba que había una mayoría ciudadana proclive a la república.

Desde que se conoce el contenido que se estaba elaborando de constitución se promueve el rechazo al mismo en el seno de la izquierda radical. En el caso de la LCR se va a llamar a votar No en el Referéndum del 6 de diciembre de 1978. Además, se planteaba la necesidad de impulsar la unidad de acción con un amplio espectro de fuerzas políticas revolucionarias y nacionalistas de izquierda, propuestas de movilización, denunciando el carácter limitado de la constitución y su significado.

La constitución española no es fruto de la movilización como señalan algunos apologetas de la misma. A día de hoy una mayoría de la población sabe que cuando en la Constitución se refiere al derecho al trabajo, a la salud, a la educación o a la vivienda, que todo esos “derechos sociales” supuestamente recogidos en la misma, no son enunciados que obligan a garantizar su cumplimiento a nivel político institucional, pero tampoco en ningún tribunal de justicia. Es una falacia decir que ese articulado se impuso desde la calle. Más bien está ahí para sumar consensos hacia el régimen desde el movimiento popular y no como una concesión al mismo.

Sabemos que lo poco que podría contar para los derechos sociales, como el artículo 135 que primaba lo social por delante de los intereses privados, fue eliminado en aras a poner por delante el pago de la deuda con los bancos, que el artículo 128 que hipotéticamente podría permitir la nacionalización de las Compañías Eléctricas no lo quieren aplicar.

Ademas, este régimen mantuvo intactos los poderes de los aparatos de estado provenientes de la dictadura (judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas). Pero sobre todo se mantienen por delante y con carácter preceptivo para poderse aplicar, los artículos y capítulos referidos al papel de la Corona, de las fuerzas Armadas, de la Unidad Nacional o las relaciones con la Iglesia Católica. Ya vimos en la crisis de Catalunya, como se aplicaba el 155 por encima de la soberanía popular catalana y sus instituciones de auto gobierno. Eso es lo que representa esta constitución del 78. Por eso necesitamos dejarla atrás promoviendo procesos constituyentes desde abajo.

Procesos constituyentes para superar el régimen del 78 y su Constitución

Durante los siguientes años la Constitución (junto a las instituciones que integran el organigrama del estado) ha estado en función de la defensa de los intereses de las élites en general. Ha sido el parachoques empleado para golpear derechos, conquistas, coartar iniciativas y recordarnos quien manda aquí en realidad y sobre todo, establecer los limites a la acción colectiva.

Durante más de 40 años esa constitución ha sido una forma de ponerle límites al campo de la lucha social, de la lucha popular por nuestros derechos.

El bipartidismo en el que se sustenta el régimen, ha sido la tónica durante estos años. Luego vino el 15M que denunciaba a nivel de la calle que “Lo llaman democracia y no lo es”, con el “No nos representan”. Como consecuencia de ello nació el proyecto político Podemos que anunciaba que iba acabar con el régimen del 78 y acabó formando parte del gobierno del estado y por tanto del régimen.

Así llegamos a este momento en que cambiar este horizonte se vuelve una necesidad imperiosa y una tarea inaplazable.

Necesitamos romper el candado del régimen del 78, donde cada nación del actual Estado ejerza libremente el derecho a decidir, incluida la independencia y su posterior relación con el resto de los pueblos libres y que ahora sufren la opresión bajo el dominio de un estado centralista y autoritario.

Pero queremos hacerlo con las clase trabajadora, defendiendo servicios públicos de calidad, que hagan posible una única red pública de sanidad gratuita y universal. Queremos que se nacionalice la banca y todas las empresas privatizadas, estratégicas y de servicios esenciales, para ponerlas al servicio y disfrute de las clases populares.

Para todo ello queremos proceso constituyentes, para que además en territorios como Canarias, Euskal Herria, Catalunya, Andalucía o Galiza podamos también decidir. Hoy se convierte en una necesidad de todos los pueblos del Estado español acabar con el régimen corrupto del 78, con sus instituciones antidemocráticas, pero no para sustituirlas por un presidente electo y una institucionalidad republicana burguesa al uso, sino para remover todo desde abajo y hacerlo aunando las fuerzas populares de las distintas naciones y territorios del Estado, abogando por Repúblicas libres y confederadas que pongan en el centro la justicia social, los cuidados, el derecho a una vida digna y finiquite la dictadura financiera, en un horizonte ecosocialista, feminista y anticapitalista.