Redacción | Ante la nueva reforma laboral, protagonizada por la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que viene a mantener los aspectos centrales de la reforma laboral impuesta en 2012 por el Partido Popular, cada vez son más las organizaciones sindicales que rechazan el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la patronal, CCOO y UGT.

En esta línea los sindicatos ELA, LAB,Steilas, ESK, Etxalde e Hiru han convocado movilizaciones el día 30 en Euskal Herria bajo el lema “No a esta reforma laboral”. En palabras de los sindicatos vascos “estamos ante una reforma laboral que es muy grave”, pues el Gobierno ha otorgado a través del diálogo social para “no cumplir su programa” y “dan derecho de veto a la CEOE para que, a cambio de pequeñas mejoras, se convalide de nuevo la reforma laboral de 2012, desdeñando la posibilidad de cambios de fondo a partir de ahora”. Por ello, junto a sindicatos del resto del Estado como CGT, Intersindical Catalana, la Confederación Intersindical Galega y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre otros, “solicitamos la derogación total de las reformas laborales de 2010 y 2012”.

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Las movilizaciones en las cuatro capitales sumarán otras reivindicaciones, como la defensa del Marco Vasco de Relaciones Laborales y el rechazo al despido barato. También se convocan concentraciones en los centros de trabajo el día previo a la votación de la reforma laboral.

Desde los sindicatos convocantes denuncian que “el Gobierno español no ha cumplido su palabra, no ha derogado la reforma laboral impuesta unilateralmente por el Partido Popular en 2012”, ya que “ni siquiera ha hecho lo prometido, porque no ha revertido los elementos más dañinos de aquella reforma laboral”. Y señalan que en lugar de cumplir sus compromisos con la clase trabajadora han “preferido un acuerdo con la CEOE a través del Diálogo Social”. En cuanto a las medidas concretas señalan que lo acordado “mantiene el esqueleto de las reformas laborales de 2010 y 2012”. Y señalan en sus declaraciones principalmente como decepcionante que “mantienen el marco estatal impositivo en la negociación colectiva y no han dado seguridad jurídica a los convenios que negociamos tanto en la CAV como en Navarra”. En la misma línea señalan a propósito del único aspecto considerado como positivo respecto a la prevalencia de los convenios colectivos y lo califican como “trampa” al dar prioridad únicamente a la cuestión del salario y dejar de lado el resto de condiciones laborales. Por ello, los sindicatos vascos “pedimos es que los convenios sectoriales sean mínimos en su totalidad por encima de los convenios laborales de empresa, no sólo en salarios, sino en todos sus elementos. Y, por otro, no han cambiado los procedimientos de despido”. En la misma línea apuntan uno de los puntos centrales de las últimas reformas laborales sobre la facilidad de los despidos y la precarización de las trabajadoras y trabajadores de subcontratas. Consideran que “sigue intacto” el despido fácil y apuntan que se trata de “un instrumento de precarización e incertidumbre para las y los trabajadores y por eso la patronal ha impuesto el veto a su modificación”. 

En opinión de ELA, LAB,Steilas, ESK, Etxalde e Hiru se trata de una “oportunidad perdida” a la hora de incidir directamente sobre sectores tradicionalmente excluidos Régimen General de la Seguridad Social, como es el caso de las trabajadoras del hogar y cuidados, de esta manera siguen careciendo de derechos básicos como la huelga o la prestación por desempleo y la Ley de prevención de riesgos laborales.

Organizaciones políticas como BNG, CUP, Anticapitalistas y EH Bildu han mostrado su claro rechazo a la reforma laboral acordada por el Gobierno, CEOE, CCOO y UGT. En palabras de Anticapitalistas a través del comunicado emitido por la organización consideran que “Estamos ante una aceptación del marco neoliberal y de la reforma del PP por parte de los partidos y agentes sociales que anunciaron que la derogarían” y hacen un llamamiento a “llamamiento a generar estructuras de coordinación y movilización en todo el estado para rechazar esta nueva estafa contra la clase trabajadora, generando alianzas con todos los movimientos sociales, y obligar al gobierno a derogar íntegramente la reforma laboral, y por supuesto, a ir más allá en la recuperación y conquista de derechos para la mayoría social”.

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