Arranca la campaña por una escuela pública laica y que la religión esté fuera de la escuela

Pepe Mejía | Quitarle “carga confesional” a la educación y denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas en 1992, son los dos principales ejes de la “Campaña Estatal por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela” que se ha presentado hoy, en rueda de prensa, con la presencia de miembros de Europa Laica, el sindicato de educación STES, CCOO, Redes Cristianas y Laicos de Extremadura.

Entre las más de cien organizaciones impulsoras de la campaña están: la Confederación Española de AMPAS (CEAPA), STES sindical, Federación de Enseñanza de CCOO, Europa Laica, Sindicato de Estudiantes, FETE-UGT sector enseñanza de UGT, Federación de Enseñanza de CGT, Confederación Estatal de MRPS, Redes Cristianas, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), AMAL, Asociación Pro Derechos Humanos, y otras muchas más de diversos territorios y sectores sociales.

“Hace dos años, en febrero, en la Comisión de Educación, se aprobó una proposición de ley en el que se pide al gobierno que se denuncie y derogue el acuerdo con la Santa Sede. Hoy tenemos un gobierno progresista y lo que queremos es que se ejecute, que se cumpla. Nuestra campaña es una llamada de atención”, dijo Paco Delgado, portavoz estatal de la campaña.

La campaña no tiene previsto, de momento, movilizaciones en la calle pero sí afirmar que no van contra la educación privada de las cooperativas y sí contra la escuela con ideario ideológico. Exigen garantizar la plena laicidad de la enseñanza sacando la religión confesional de la enseñanza de forma inmediata, no financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar, potenciar la red pública de enseñanza para vertebrar el derecho a la educación de todos y todas evitando, de forma progresiva, la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.

“Nos vamos a dirigir al Ministerio de Educación y después a los grupos parlamentarios en la línea nuestra de quitar carga confesional” a la educación. No queremos llegar a la confrontación ni a judicializar pero el tema no es fácil, subrayó Delgado.

“Pero a pesar de todo esto tenemos esperanza, es lógico. Hasta que no sepamos que van a desistir nosotros vamos a seguir presionando. Hace un año, cuando se disolvieron las Cortes, en una reunión con Triana, salimos bastante preocupados porque en un año no se había avanzado nada”.

Por su parte, María Luz González, de STES, destacó que en la Comunidad de Madrid se está favoreciendo a la escuela concertada y privada cuando en primaria “sólo el 50 por ciento del alumnado pide religión, disminuyendo a un 15,5 % entre el alumnado de secundaria y bachillerato. La política de la Comunidad de Madrid favorece claramente a la educación religiosa. Queremos una educación pública en igualdad”.

Para José María Ruiz, de CCOO, “Con gobierno progresista esta es una oportunidad para avanzar en una red laica de colegios públicos. Queremos que los centros que segreguen por sexo no reciban dinero público. También somos conscientes de que no será una etapa fácil porque la derecha ha puesto a la educación en el centro de la batalla ideológica, retorciendo el concepto de libertad”.

Desde Redes Cristianas, Ángel Villagrán, apuestan a que la religión salga de las escuelas. “El cristianismo, mientras sea impuesto dentro de un sistema, es un cristianismo a desaparecer. Las iglesias se van vaciando. El testimonio tiene que venir a través de las Comunidades y el testimonio de las personas. El confesionalismo debe ser erradicado. Disentimos de la Conferencia Episcopal española, queremos meterle el gusano a la jerarquía católica”.

Las estadísticas oficiales avalan la idea de que la población de la Comunidad de Madrid es de las más secularizadas del Estado, sólo superada por Navarra, Cataluña y Baleares. Según datos del CIS, en 2018 un 54% de la población de nuestra Comunidad se declaraba católica (incluyendo practicantes y no practicantes).

A juicio de STEM, el gobierno de la Comunidad de Madrid niega la realidad social y otorga a la iglesia católica un protagonismo y una capacidad de influencia muy por encima de lo que le corresponde, por medio de una política privatizadora y sus constantes agresiones a la escuela pública. A día de hoy, cerca del 10% de los centros educativos madrileños son privados, y cerca del 30% son concertados. De estos últimos, dos de cada tres son católicos.

En grandes ciudades de nuestra Comunidad, incluyendo barrios enteros de la capital y nuevos desarrollos urbanos, la oferta de centros públicos es muy limitada, por lo que se da la circunstancia de que muchas familias no practicantes o directamente no católicas se ven abocadas a matricular a sus hijos en centros religiosos cuyo ideario no comparten.