Oscar Blanco | Esta historia es una segunda entrega. “Medasil returns” o “Episodio 2: los buitres contratacan”. A principios de 2018 publicábamos la crónica de una manifestación que podemos catalogar de “histórica” en el barrio de Las Planas de Sant Joan Despí. Un millar de personas salían a la calle para solidarizarse con unas 120 familias que se veían amenazadas de expulsión por una subida abusiva de alquiler. Fue un conflicto largo y tortuoso que finalizó con una victoria para los vecinos: la empresa tuvo que negociar colectivamente con ellos y aceptar su propuesta de renovación de los más de 90 contratos que vencían en 2018. Una subida progresiva y modulada que dejaba un sabor agridulce a los vecinos. Después de meses de experiencia estaban convencidos que si no hubiera sido por el terror inicial tendrían que haber exigido mantener las mismas condiciones sin subida.

Sin embargo, la victoria de este tipo de sindicalismo social inquilino era inaudita y más aún cuando incorporamos a la ecuación a la contraparte. La propiedad del inmueble era de la empresa Avenida Barcelona 111 que después de quebrar había pasado por la SAREB y ahora está controlada por Guillaume Marinacce y Ana Estrada Lopez. Los dos son directivos de Goldman Sachs en España. Estrada preside Picton Investments, una empresa que compró 799 viviendas en el barrio de Parque de Santa María en Madrid para especular y estuvo implicada en la compra de 300 viviendas del IVIMA a través de una filial de Goldman Sachs. El edificio es gestionado por Medasil Desarrollos, cuyo administrador único es Valentin Bascuñana Mas también miembro del consejo de administración de Picton. Propietarios y administradores forman parte de un mismo entramado empresarial dedicado a la especulación inmobiliaria.

Antes del verano dos nuevos bloques se acercaban al Sindicato de Inquilinos de Barcelona con problemas por subidas abusivas que les exigía Medasil. Dos bloques muy distintos. Uno es una promoción de Vivienda de Protección Oficial de alquiler en la periferia de de la periferia. El Barrio de Can Filuà en Santa Perpetua de Mògoda. Una calle que ocupan casi en solitario y que ni aparece en Google Maps. El otro un bloque en plena Avinguda Diagonal por la zona del 22@. Unos pagan menos de 400 euros en algunos casos y otros más de 1200 pero ambos se veían bajo la amenaza de ser expulsados por una subida. La propiedad de los inmuebles estaba en manos de Promociones Lladero. Una compañía de la que Medasil es apoderada y ¿Quien estaba en el consejo de administración de Promociones Lladero hasta abril del 2018? En efecto, Ana Estrada y Valentin Bascuñana.

Después del verano la bomba se hacía aún mayor. Tres nuevos bloques, también de protección oficial y del barrio de Sant Jordi Park en Rubí tenían idéntico problema al de Santa Perpetua. Les exigían subidas dentro del límite que marca la ley para las viviendas de protección oficial pero que no iban a poder pagar. En total, cerca de unos 80 contratos en Rubí. Y sí, también eran propiedad de Promociones Lladero y estaban administrados por Medasil. Tanto Santa Perpetua como Rubí habían sido promociones del gigante inmobiliario La Llave de Oro. Todos estos bloques hicieron pública su situación y empezaron a negociar con la empresa. En esta ocasión Medasil y Lladero se levantaron de la mesa rechazando incluso la mediación del Ayuntamiento de Santa Perpetua.

Estos cinco bloques, con el apoyo de los más experimentados de Sant Joan Despí y los Sindicatos de inquilinos, celebraron el sábado 15 de diciembre una asamblea para articular un frente conjunto contra Medasil y Promociones Lladero. Varios centenares se conjuraron en el Casal Popular de Rubí para dejar claro que, aunque los contratos venzan antes de llegar a un acuerdo, nadie se va a ir de su casa. Las inquilinas lanzaron un ultimatum para que la empresa se vuelvan a sentar a negociar y trazaron tres líneas de trabajo para hacerlo realidad: primero, informar puerta por puerta a todos las personas arrendadas por estas mismas empresas (el Sindicat de Llogaters tiene localizadas más de 400 viviendas sólo en Barcelona). Segundo, preparar acciones de presión sobre los intereses de la propiedad. Y tercero, caminar hacía una huelga de alquileres. Es decir, una suspensión del pago hasta que la empresa escuche sus reivindicaciones.

La organización de bloques de una misma propiedad y la huelga de alquileres como método de presión son herramientas casi inéditas en el movimiento por la vivienda del Estado español en tiempos recientes con una excepción en Gran Canaria. Sin embargo, son más habituales para las uniones de inquilinas en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá dónde en se produjeron estas huelgas: