Manuel de la Rosa Hernández | Se ha convocado manifestación estatal, el sábado 26 de octubre de Atocha a Sol por un conjunto de plataformas de defensa de las pensiones públicas de ámbito estatal, local o territorial (Galiza, Euskal Herria o Andalucía) exigiendo elevar las cuantías de las paupérrimas pensiones mínimas, acabar con la brecha de género, la actualización de todas las pensiones según el IPC real o parar los privatizadores planes de pensiones de empleo. Consideran que «la dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora”.
Las pensiones públicas en el punto de mira del capital
En octubre de 2024, el panorama internacional muestra un aumento de amenazas a los derechos sociales y libertades, con la bota encima con la militarización y el incremento del gasto militar por parte de los gobiernos, incluido el español y de la OTAN. Este contexto beneficia a las élites, al Complejo Militar Industrial y poderes financieros estatales e internacionales, a costa de la clase trabajadora, con recortes en servicios básicos públicos como la salud, la educación o las pensiones.
Las organizaciones del movimiento pensionista denuncian que se firmen acuerdos a sus espaldas y en su contra, sobre aspectos que les afectan como pensionistas. Exigen y defienden un Sistema Público de Pensiones sólido y suficiente, alertando que la defensa de este sistema público es responsabilidad también de toda la clase trabajadora.
En los últimos años las pensiones públicas como derecho está siendo socavado por los gobiernos para favorecer sin tapujos al capital financiero para que pueda hacer negocios y aumentar sus beneficios y conseguir que los gobiernos legislen para defender sus intereses.
El argumento que utilizan es que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, convierten estas conquistas sociales en algo negativo. Así la que ahora es presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha defendido que las y los mayores, “viven demasiado» por lo que proponen alargar la edad de jubilación y endurecer los requisitos para acceder a ella, está siendo hoy las políticas puestas en marcha por gobiernos de la Unión Europea y otros gobiernos.
En Argentina, las personas pensionistas luchan contra la pérdida de su poder adquisitivo ante una inflación galopante que los condena al hambre, mientras el gobierno de Milei usa estos recursos para pagar deuda externa y desarrolla una represión feroz contra quienes de forma valiente luchan contra estos recortes. En Francia, la lucha contra el aumento de la edad de jubilación, no ha podido parar los decretos de su despótico presidente Macron.
En el Estado español se han impuesto nuevas reformas con la complicidad del Gobierno, la patronal y las direcciones de CCOO y UGT, que abren la puerta a desviar parte de las cotizaciones a fondos privados en detrimento del sistema público de pensiones incluyéndose en los Convenios Colectivos.
Por las pensiones de todas: pensionistas, trabajadoras y jóvenes
La precariedad laboral que sufren hoy las nuevas generaciones tiene un impacto directo en sus futuras pensiones. Los contratos temporales, los bajos salarios y la falta de cotizaciones suficientes están configurando un futuro incierto para la juventud. Por eso, los jóvenes deben ser parte activa en esta lucha, exigiendo al gobierno políticas laborales que aseguren condiciones de trabajo dignas, que garanticen pensiones suficientes cuando llegue el momento de la jubilación y que se desarrollen inspecciones de trabajo serias ante el trabajo en negro, que penalicen al empresario y no al trabajador víctima de ser obligado por hambre a aceptar cualquier imposición.
En esta misma reforma se flexibiliza la jubilación activa, de forma y manera, que institucionalizan la precariedad de las pensiones en España, para miles de trabajadores y trabajadoras, ahora y millones en el futuro, obligándoles a trabajar más allá de los 67 años, para ganar una escasa pensión. Condenando a la gran mayoría de las personas mayores a trabajar en lo que denominan miniempleo o “mini-job”. Los derechos de las personas mayores deben ser respetados con pensiones dignas, sanidad pública y de calidad. Todo ello va en detrimento del empleo de las jóvenes generaciones.
Los recortes deben ser revertidos, nuestras reivindicaciones deben ser escuchadas, la interlocución del gobierno con el colectivo pensionista debe ser con sus organizaciones, y se deben derogar todas las reformas regresivas aprobadas los últimos años.
Pretenden enfrentar a jóvenes y mayores, por lo que es importante fomentar la solidaridad intergeneracional y trabajar juntos para abordar las causas subyacentes de estos problemas, claramente imputable al sistema económico capitalista.
Estas campañas van seguidas de reformas en las leyes y reglamentos, que nos quitan derechos y nos hace retroceder a situaciones anteriores a las conquistas de protección social para la vejez, conseguidas con las luchas históricas de la clase obrera. Es imprescindible que nos hagamos escuchar para reclamar con fuerza unas pensiones justas, que aseguren una vida digna tanto a pensionistas actuales como futuros.
Las mujeres pensionistas en el Estado español siguen sufriendo una discriminación estructural que se refleja en una alarmante brecha que se traduce en pensiones más bajas en condiciones de injusticia y pobreza. Las pensiones de las mujeres son 500€ de media, más bajas que la de los hombres. Además de sus menores cuantías soportan el hecho de que el 82% de los casi tres millones de personas viudas son mujeres, que soportan que el ingreso familiar se desplome a menos de mitad a la muerte de uno de los miembros y la ausencia de una pareja que le cuide en la última etapa de la vida. Se trata de una discriminación y violencia sobre las personas más débiles e indefensas que afecta a millones de mujeres que son invisibilizadas para no aportar las soluciones económicas precisas.
Auditoría de la Seguridad Social, las pensiones son sostenibles
En el Estado español se llevan adelante campañas mediáticas que pretenden diezmar y poner en duda la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Pensiones, y buscan convencer a la población de su inviabilidad para sustituirlos por sistemas privados con los que ellos hacen negocio.
Se registraron en su momento en el Congreso de los Diputados más de 300.000 firmas exigiendo una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Desde COESPE critican que las cuentas de la Seguridad Social, «sistemáticamente, han sido manipuladas mediante el desvío de cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos». Los fondos sacados de la llamada hucha de las pensiones para otras partidas podrían estar entre los 200.000 y los 600.000 millones de euros.
En una carta dirigida a las diputadas y diputados del BNG, Podemos, Bildu, ERC, Sumar y PSOE recuerdan que en la ley de reforma de pensiones de 2021 muchos de ellos votaron a favor de realizar, con plazos precisos de realización, una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, desde 1967 a 2019, ambos incluidos. Y denuncian que «los plazos se han incumplido, y las organizaciones de pensionistas mantenemos viva la exigencia de que la Ley se cumpla y que de la auditoría se encargue la institución de nuestro ordenamiento jurídico especializada en la censura de las cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas, que ya ha mantenido desacuerdos relevantes sobre las cuentas de la Seguridad Social».
Mientras se promueve la privatización y los recortes, el gobierno se niega a efectuar la auditoría de los fondos de la Seguridad Social que demostraría que la supuesta insolvencia es solo una patraña justificativa de los intereses de los fondos de inversión.
Reivindicaciones del movimiento pensionista
El movimiento de defensa de las pensiones públicas del Estado español llama a jubiladas/os, pensionistas, estudiantes y a la clase trabajadora a la necesidad de estar organizadas, movilizadas y vigilantes. Consideran que las pensiones dignas son un derecho y exigen mejoras en las pensiones mínimas, igualdad de género y la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, entre otros puntos.
A ello hay que sumar que el Gobierno ha implementado medidas que desvían recursos de las aportaciones a la Seguridad Social de trabajadoras/es, hacia los Planes de Pensiones de Empleo (PPEs), beneficiando a las empresas, seguros privados, fondos de inversión y bancos. También se han ido desregulando las condiciones de jubilación, lo que afecta a colectivos vulnerables.
Entre las reivindicaciones unitarias irrenunciables del movimiento pensionista para la movilización del 26 de octubre en Madrid están las siguientes:
– Subida de la pensión mínima hasta que esta alcance el nivel del salario mínimo interprofesional (SMI).
– Realización de la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, tal como prevé y manda hacer la Ley de reforma de las pensiones de 2021.
– Supresión de los coeficientes reductores con 40 años o más cotizados a la Seguridad Social.
– Rechazo de la privatización de las pensiones públicas, a través de los planes de pensiones de empleo.
– Exigencia de que la revalorización anual de las pensiones se realice en función del «IPC real».
– Acabar con la fuerte brecha de género en pensiones que sufren las mujeres, consecuencia de la brecha salarial y del mayor peso de los cuidados que recae en las mujeres”.
Por todo ello el movimiento pensionista convoca con el apoyo de numerosas organizaciones y colectivos sociales, sindicales y de la izquierda a una gran manifestación el 26 de octubre a las 11:00 horas en Madrid, que partirá desde Atocha y finalizará en Puerta del Sol, para reivindicar y defender los derechos de las pensiones públicas.
Escrito por:
