Manuel de la Rosa Hernández | A 50 años de aquel 14 de noviembre de 1975 en que se firmaron los vergonzosos Acuerdos de Madrid, que permitieron a Marruecos ocupar el Sáhara Occidental, desde las organizaciones sindicales, sociales, de solidaridad internacional y de la izquierda, debemos impulsar con fuerza la manifestación de apoyo al Pueblo Saharaui del sábado 15 de noviembre que transcurrirá desde Atocha a Sol a las 12 horas. Este 50 aniversario es una oportunidad para recordar al actual gobierno de España que tiene la obligación de promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva, mediante la celebración de un referéndum que le permita al pueblo saharaui poder ejercer su derecho inalienable a la independencia y soberanía sobre todo su territorio y recursos.
La responsabilidad histórica del Estado español
España fue la potencia colonial del Sáhara Occidental, ocupando el territorio desde 1883 a 1975. Luego incumplió las Resoluciones de la ONU que le obligaban a organizar un Referéndum de Autodeterminación de la población saharaui. El 14 de noviembre de 1975, propició la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid entregando el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Sustentada luego por Marruecos en solitario. En las Naciones Unidas, España sigue teniendo el status de potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, mientras que Marruecos sigue siendo considerada como potencia ocupante. El Gobierno de España nunca ha denunciado la presencia ilegal de Marruecos en el territorio y ha continuado vendiéndole armas.
En estos 50 años de ocupación ningún gobierno del Estado español ha saldado esta deuda histórica con el Pueblo Saharaui. Ninguno ha exigido a Marruecos el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU y la celebración del Referéndum de Autodeterminación. Pero Pedro Sánchez ha ido más lejos. En marzo de 2022 salió apoyando la ocupación marroquí y traicionando los derechos legítimos del Pueblo Saharaui, el Derecho Internacional y el marco de la ONU, al alinearse con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental que no es otra cosa que continuidad de la ocupación y la negación del derecho ala autodeterminación del Pueblo Saharaui. Públicamente defendió que «la propuesta marroquí de autonomía en el Sáhara Occidental es la posición más seria y creíble para resolver el conflicto»
Hasta hoy ningún gobierno español ha denunciado la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ni el saqueo de sus recursos naturales por el régimen de Marruecos, colaborando día a día en la ilegal ocupación. Tampoco se respetan las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024 que anulan los acuerdos económicos y de pesca suscritos entre la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos.
Frente a las constantes violaciones de los derechos humanos, España debe presionar para la liberación de los presos políticos saharauis —incluido el grupo Gdeim Izik— e investigar y exigir responsabilidades a los responsables de los ataques con aviones no tripulados contra civiles. Establecer mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluido un órgano independiente de vigilancia de los derechos humanos, con informes periódicos del Parlamento Europeo sobre la aplicación de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.
Una ocupación que se hace insostenible
El régimen de Marruecos no cumple las resoluciones de la ONU, incluida la que le obliga a celebrar un referéndum de Autodeterminación. Además esta ocupación del territorio provocó el exilio de 200.000 saharauis establecidos desde aquellos días en Tinduf, una zona árida del sur de Argelia donde establecieron sus poblaciones provisionales como personas refugiadas y en los territorios ocupados. el estado marroquí vulnera los derechos humanos sistemáticamente de la población saharaui.
El pueblo saharaui vive desde hace 5 décadas el desplazamiento forzado y la fragmentación social de su población. La mitad del pueblo saharaui vive en campos de refugiados en Argelia, bajo duras condiciones climáticas, mientras que la otra mitad soporta la vida bajo ocupación o en el exilio, separada por un muro militar, campos minados y una presencia militar fortificada. Se estima que Marruecos cuenta entre 100.000 y 150.000 soldados en el Sáhara Occidental, la mayoría de ellos desplegados en el “muro” que divide el territorio. El uso de drones armados por parte de las fuerzas marroquíes contra civiles saharauis en los territorios liberados es una constante.
En los territorios ocupados se han venido denunciando violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos., que incluyen crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones y juicios políticos, desplazamiento forzado, así como la imposición de censura, acoso y violencia contra defensores de derechos humanos.
No ha faltado el saqueo organizado de los recursos naturales con la explotación intensiva de fosfatos, recursos pesqueros y agrícolas en flagrante violación del derecho internacional humanitario. En los últimos tiempos se impulsa por parte de Marruecos. el turismo en los territorios ocupados con la construcción de infraestructura con ese objetivo. Ejemplo de ello es la ciudad de Dajla.
Pero a pesar de la represión sistemática, la lucha del pueblo saharaui por su derecho inalienable a la autodeterminación sigue firme. Las mujeres saharauis desempeñan un papel central en el mantenimiento de la cohesión social en los campos de refugiados y en el liderazgo de los esfuerzos de resistencia en los territorios ocupados.
Frente a 50 años de ocupación no han faltado 50 años de resistencia. Frente a esta injusticia, el pueblo saharaui no ha renunciado nunca a su derecho a existir y a decidir libremente su futuro. Su resistencia pacífica, jurídica y también armada desde 2020 demuestra que no se resigna al olvido. La solidaridad internacional crece y refuerza una demanda irrenunciable: democracia, justicia y libertad para el Sáhara Occidental.
El gobierno español tiene el deber de implicarse en la solución
El gobierno español debe retirar su apoyo al plan de autonomía del Sáhara Occidental que es una pantomima para continuar con la ocupación y la usurpación de los recursos y derechos históricos del pueblo saharaui.
La soberanía sobre el Sáhara Occidental pertenece exclusivamente al pueblo saharaui, tal como estableció la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 1975 y lo ratifican las resoluciones de la ONU y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marruecos, que invadió el territorio en noviembre de 1975, no tiene ningún derecho soberano ni capacidad de administración legítima sobre él. Sin embargo, Rabat mantiene una ocupación militar brutal, reforzada por un muro de más de 2.700 kilómetros sembrado de minas antipersona.
El gobierno debe aplicar plenamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deteniendo todas las actividades económicas que exploten los recursos del Sáhara Occidental ocupado y exigiendo a los gobiernos y empresas europeas que las cumplan.
Garantizar junto con la Unión Europea la asistencia humanitaria urgente, especialmente agua y alimentos, a los campos de refugiados saharauis en Argelia, donde las condiciones están empeorando debido al cambio climático y la falta de financiación. En relación a esta última, proponer que se aplique la presión política y económica vinculando los acuerdos de asociación de la UE con Marruecos y todas las relaciones bilaterales al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.
Exigimos al gobierno español que de forma clara y activa apoye una solución democrática basada en un referéndum de autodeterminación, como se establece en el acuerdo de alto el fuego de 1991 y en las resoluciones internacionales.
Debemos promover la más amplia solidaridad con el pueblo saharaui desde los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas y de derechos humanos y de la ciudadanía para poner fin a medio siglo de impunidad.
