Manuel de la Rosa | Hemos estado hablando sobre la problemática de las pensiones públicas ahora, las reivindicaciones que levanta el movimiento y su relación con los intereses de la clase obrera, con la mayoría obrera y popular, para impulsar nuevos retos por la transformación social. Hemos desglosado algunas de ellas en esta entrevista a Domingo Méndez. *
¿Cuál es la problemática central de los y las pensionistas en el conjunto del Estado en estos momentos?
En los dos últimos años se ha logrado parar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, a las que se imponían subidas del 0,25%, “factor de revalorización anual” de la reforma de M. Rajoy, en vigor desde 2013. En los presupuestos pactados ese año entre el PP y el PNV se incluyó la revalorización acorde al IPC, con subida superior para laspensiones más bajas. Las prórrogas de los presupuestos de 2018 han incluido esa revalorización. Pero no hay ninguna norma que ampare la continuidad de ese criterio de revalorización, porque siguen vigentes las reformas de Rodríguez Zapatero y de M. Rajoy.
La primera impuso el aumento de la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años. Ya está en 65 años y 10 meses. Por otra parte, aumenta el cómputo para poder cobrar pensión contributiva desde los 15 años de antes de esta reforma hasta los 25 años.
De mantenerse esta reforma, disminuirán los pensionistas con derecho a pensión contributiva:
Los parados de más de 50 años, con grandes dificultades para encontrar empleo tendrán que esperar más años, sin cotizar, para poder jubilarse, u optar por hacerlo con penalización.
La posterior reforma, de M. Rajoy, liquida la posibilidad del mantenimiento del poder adquisitivo al establecer el 0,25% como subida mientras haya déficit de la SS. Si no lo hay, la subida máxima será de 1,25%, independientemente de cuál sea la inflación del año anterior o la acumulada. Pero, además, partiendo del supuesto de que la esperanza de vida aumenta y que los nuevos pensionistas cobrarán durante más tiempo, cada determinado número de años se calcula la pensión inicial para impedir que las nuevas cohortes ingresen más que las anteriores, o dicho de otra manera, para que los futuros pensionistas cobren menos mensualmente.
La vigencia de las reformas del sistema público de pensiones es una amenaza permanente sobre su cuantía, revalorización anual y sobre el cómputo para cobrar el 100% de la base de cotización o para tener derecho a pensión contributiva.
Se sabe que hay interés por parte de la gran banca, de los grandes empresarios en aprovechar ese nicho económico, que representa las pensiones públicas ¿Qué puedes contar de esto?
El Parlamento europeo aprobó no hace mucho tiempo la implantación de los Planes Privados de Pensiones, con el apoyo de los eurodiputados del PP y del PSOE.
Es una fórmula por la que quienes los suscriban detraerán parte de su cotización al sistema público para destinarla a dichos planes. De esta manera, disminuyen los ingresos de la Seguridad Social, aumenta el capital disponible para la especulación financiera y los beneficios de las entidades gestoras, independientemente de los resultados de la gestión. Supuestamente, cada cotizante, al final de su vida laboral recuperará lo cotizado más los beneficios, lo que en modo alguno está garantizado.
Otro medio que se propone para detraer recursos del sistema público para dedicarlos a la especulación es la “mochila austriaca”. Consiste en que empresario y trabajador aportan todos los meses a un fondo que servirá para pagar el paro del cotizante en caso de despido, sin que el empresario asuma ningún coste adicional. En caso de llegar al final de la vida laboral, el fondo individual sobrante y sus beneficios serían devueltos al trabajador.
Este instrumento detrae recursos, que manejará el capital financiero, ahorra el pago de indemnizaciones al empleador, y no hay ninguna garantía de cobro final.
Tenemos en el sistema público, lo que se ha hablado siempre, la hucha de las pensiones, de la que se ha detraído dinero ¿O habría otra posibilidades a contemplar? ¿Las pensiones son realmente sostenibles?
En 2011, el fondo de reserva de las pensiones, constituido con los excedentes de años anteriores tenía más de 67.000 millones de euros. Ese dinero se invertía en deuda pública española, obligatoriamente. Como en años anteriores la rentabilidad de la deuda era alta, el fondo tenía beneficios y aumentaba su cuantía.
A partir de ese año la situación empeoró: se redujeron los ingresos por el aumento del paro, la reducción de salarios y las bonificaciones a las cotizaciones empresariales. El aumento del número de pensionistas supuso el paralelo del gasto. Como consecuencia, el déficit aumentaba año tras año. Actualmente, los déficits se compensan con préstamos del Estado.
Pero la reducción de fondos es provocada, no un fenómeno natural: las bonificaciones de cotizaciones empresariales y las reducciones salariales se detraen de lo que debería ir a las arcas de la SS. Por otra parte, ese déficit, en beneficio del empresariado, forma parte de la estrategia de convencimiento de la insostenibilidad del sistema.
El año pasado, el 15 de octubre, hubo una movilización estatal de las pensiones en Madrid. ¿Cuál sería la necesidad que tendría el movimiento de volverse a poner en pie para responder a las agresiones que podrían estar haciéndose en estos momentos?
La movilización del pasado 15 de octubre en Madrid puso en primer plano la necesidad de la derogación de las reformas de las pensiones para impedir el aumento de la edad de jubilación, del periodo de cómputo para cobrar pensión contributiva, del número de años necesarios para cobrar el 100% de la base de cotización, del criterio de revalorización anual conforme al IPC.
Por otra parte, el movimiento defiende el aumento de las pensiones no contributivas, las mínimas contributivas y las de viudedad. Reclama el cierre de la brecha de género mediante la elevación de la pensión mínima hasta la cuantía marcada en la Carta Social Europea: 1084€.
El movimiento debe hacer frente a amenazas que persiguen dos objetivos: Disminuir la cuantía de las pensiones públicas y desviar parte de las cotizaciones hacia fondos privados. También puede formularse así: Reducción de costes salariales y disponer de capacidad de inversión adicional.
¿Qué opinas del Pacto de Toledo? ¿cuál es su significado?
El Pacto de Toledo surgió en un acuerdo parlamentario del año 95 que fue promovido por CiU (un partido de la burguesía catalana) y que aceptaron todos los demás partidos. Lo que hizo el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que sigue existiendo ahora como tal Comisión, es fijar un marco prácticamente único de pensiones para todo el Estado, porque había antes sistema muy distinto según el tipo de trabajo, lo que se hizo fue unificar, pero a la vez lo que se hizo aumentar el número de años necesarios para fijar la pensión inicial, el número de años necesarios para fijar la pensión contributiva y se redujeron así, por la via de los hechos, las pensiones futuras ya.
En aquella época hubo críticas de compañeros como Jesús Albarracín y Pedro Montes, economistas, que eran asesores de la Dirección de CCOO y miembros de la Comisión ejecutiva de Izquierda Unida que pusieron de manifiesto las consecuencias negativas que tendría el Pacto de Toledo. Pero tanto la dirección de CCOO como de la UGT vieron en aquello algo goloso. Ese marco lo aceptaron tanto Comisiones Obreras como UGT.
En Canarias hay una situación muy particular, las pensiones mínimas, participan de ella unas 50.000 personas pensionistas. ¿Qué propuestas de solución son necesarias?
Las pensiones no contributivas en Canarias estan por encima de las 50.000 personas y se conceden mediante procedimientos muy difíciles de cumplir por parte de mucha gente, a personas que no tienen cotización suficiente durante su vida activa como para tener derecho a pensión contributiva. Las condiciones son tener una situación de miseria., para tener una pensión de miseria. Así y todo, casi 50.000 personas, fundamentalmente mujeres, son las que viven de ellas. Mujeres que han trabajado pero no han cotizado suficientemente, que viven de la pensión no contributiva y es el número más alto de todo el Estado en función de la población.
La pensión media canaria es de las más bajas del Estado. Eso quiere decir que obedece a una situación de salarios muy bajos. Y si no se las complementa de alguna manera a las pensiones más bajas acudiendo a la capacidad de la Comunidad Autónoma de complementar las pensiones mediante aportaciones propias, buena parte de la población de Canarias está sustancialmente en la miseria a partir de que llegue a los 60 años o incluso antes en algunos casos.
* Domingo Méndez Rodríguez, activista en el movimiendo de defensa de las pensiones públicas de Canarias y militante de Anticapitalistas