Redacción | Ante la previsible aprobación de una próxima ley de vivienda estatal por parte del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, organizaciones sociales y políticas de Valladolid han hecho público el comunicado “Casa para Todas” elaborado por la Oficina Popular de Vivienda. En él reconocen que “las políticas estatales responden a los intereses del sector de la construcción y su capital financiero, que nada tiene que ver con las necesidades habitacionales de la clase obrera”.
Con el fin de avanzar en el reconocimiento de la vivienda como un bien público que debe de ser excluido de la lógica mercantil, desde la Oficina Popular de Vivienda analizan la situación en la que se encuentra el municipio vallisoletano. Y es que se da la particularidad de que a pesar de que la ciudad de Valladolid pierde población, se ha mantenido la lógica de crecimiento urbano permanente, centrando así el objetivo de sostener de manera artificial al sector inmobiliario. “Algo totalmente innecesario desde el punto de vista de las necesidades sociales de vivienda y más aún en un municipio de estas características” como aseguran en el comunicado. Y es que el nuevo plan de vivienda de la ciudad, en proceso de aprobación, prevé la construcción de 2269 nuevas viviendas sólo en aquellos sectores gestionados directamente por el ayuntamiento. Siendo el mismo consistorio quien reconoce haber en la ciudad entre 17.000 y 25.000 viviendas vacías. Lo cual demuestra que los programas enfocados a activar en el mercado las viviendas vacías a través de beneficios y ayudas a los propietarios, no están funcionando. Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid consideran que es el momento de “dejar de tratar de jugar con las reglas del mercado inmobiliario y empezar a proponer intervenir el mercado”. Y es que los datos no son nada optimistas, según el CGPJ en 2019 en la ciudad de Valladolid hubo un proceso de desahucio por cada 1457 personas, siendo por ejemplo en Madrid un desahucio por cada 1208 personas.
Es por esta situación y las competencias legales con las que cuenta la administración municipal que las organizaciones firmantes presentan varias reivindicaciones en materia de vivienda: utilizar las herramientas legales del ayuntamiento para expropiar viviendas a los grandes tenedores como bancos y fondos de inversión para incluirlas en el parque público de vivienda, afrontar de manera integral el sinhogarismo, destinar los recursos necesarios para la consolidación de un parque público de vivienda, no comprar viviendas de la Sareb puesto que estas viviendas ya han sido pagadas con dinero público y comprometerse a instar formalmente al Gobierno estatal a regular los precios del alquiler en todo el territorio.