Redacción | La tarde del jueves 30 de enero se concentraban en el cruce de Consell de Cent con Calabria centenares de personas para conjurarse contra el primer intento de desahucio en Casa Orsola. Este edificio modernista ubicado en el Eixample de Barcelona se ha convertido en un símbolo de la batalla contra la especulación inmobiliaria por la lucha de sus vecinas durante más de tres años. En octubre de 2021 el fondo Lioness Inversiones, administrado por el empresario Albert Ollé Bartolomé, compró el bloque con un plan: expulsar a todas las inquilinas y alquilar los pisos en régimen de temporada, es decir, con contratos más cortos y precios que triplican los actuales. Es un guión recurrente en la última década que suele acabar en desahucios invisibles.
Sin embargo, las habitantes de Casa Orsola no se resignaron a agachar la cabeza y marcharse de casa. Con el apoyo del Sindicat de Llogateres, se han convertido en una comunidad en lucha y han exigido una negociación colectiva con todo tipo de movilizaciones. De todas formas, la propiedad se ha negado a sentarse, no ha renovado ningún contrato y ha denunciado a las inquilinas a medida que se acababan sus contratos. Actualmente hay cinco pisos que se encuentran en diferentes puntos del procedimiento judicial. El primero en enfrentar una fecha de desahucio era Josep, un profesor de matemáticas que lleva 24 años viviendo en el edificio. Más allá del caso particular, desde el Sindicat de Llogateres se hacía frente a la orden de expulsión como un pulso entre modelos sociales antagónicos. “Mi casa ahora es el campo de batalla de una guerra entre clases”, había dicho unos días antes el propio Josep en una entrevista.
La víspera del desahucio se organizó un maratón cultural y político. Más de 2000 personas se acercaron a apoyar a Josep y las inquilinas de Casa Orsola. Desde uno de los balcones de la finca intervinieron diversas portavoces del Sindicat de Llogateres, la portavoz del Congrés d’Habitatge de Catalunya, una compañera del instituto de Josep, un miembro de la plataforma Docents 080 que agrupa al profesorado para luchar contra los desahucios desde los centros educativos o la escritora Llucía Ramis. También hubo actuaciones musicales de Joan Colomo, la Ludwig Band, Svetlana y Tarta Relena. Además, desde otro de los pisos del bloque se ofreció una retransmisión en directo (La Llogatera TV) que cubrió el acto y alargó la programación hasta las 23h con la colaboración de periodistas y comunicadores como Alba Riera, Ana Polo, Joel Díaz, Mónica Terribas o Jordi Evolé, entre muchos otros.
El conflicto de Josep y el resto de vecinas de Casa Orsola permite visibilizar que la vivienda es un problema de primer orden para el conjunto de la clase trabajadora, sean sectores con mayor o menor estabilidad. La mayoría de políticas que han planteado los gobiernos recientemente – como la moratoria de desahucios vigente – ponen el foco en las situaciones de “vulnerabilidad”. En la práctica se convierten en parches poco efectivos que obligan a superar un laberinto burocrático para demostrar requisitos estigmatizantes, en el mejor de los casos aplazan los lanzamientos y no impactan sobre las causas estructurales que dificultan el acceso a la vivienda. El propio Josep señaló las responsabilidades políticas tras expulsiones como la que le amenaza a él con una carta abierta.
Unas 200 personas durmieron dentro de Casa Orsola y frente al portal la noche del día 30 por si la policía trataba de bloquear los accesos antes de la hora del desahucio. A partir de las 7 de la mañana del viernes, centenares de personas se acercaron al edificio para impedir que se produjese el desahucio. Con el paso de las horas y mientras se acercaba la hora de la orden judicial, se acumularon alrededor de 2000 personas de nuevo. Apenas algunos coches de policía local habían cortado el tráfico, pero permitiendo el flujo de personas con normalidad. Para las personas que han estado en otros desahucios previamente esto era buena señal, pero se seguía respirando una calma tensa en los momentos previos a la llegada de la comitiva judicial.
Finalmente los representantes del juzgado llegaron a las 10.30h, tal como se esperaba. Josep y varias militantes del Sindicat de Llogateres se acercaron a negociar, rodeados por decenas de cámaras y periodistas que querían captar las imágenes. Durante unos minutos todo el mundo esperó a tener noticias y cuando Josep volvió a Casa Orsola, visiblemente emocionado, se podía entrever que se había parado.
Enric Aragonés, portavoz del Sindicat de Llogateres, confirmó la noticia desde un balcón de Casa Orsola. El desahucio no se produciría gracias a la multitud que se encontraba en la puerta. Pero no se aplazaba dos semanas, ni un mes. Le daban a Josep tres días para entregar voluntariamente las llaves o volverían a intentar ejecutar el desahucio. La nueva citación era para una hora insólita: las 5 de la madrugada del martes 4 de febrero. Si bien durante los últimos años ha habido dispositivos policiales que han acordonado portales a altas horas de la madrugada para ejecutar desahucios dónde se preveía resistencia, hasta ahora nunca había sucedido que la orden judicial directamente fuera en una hora inhábil.
Una mezcla de rabia y alegría se percibía en el ambiente. Pero ante todo, la convicción de la importancia de estar organizadas y de cómo la fuerza colectiva pone freno a los abusos que rentistas y gobiernos ejercen sobre nosotras. Entre cánticos de “Casa Orsola no està sola” y “Visqui la lluita de la classe obrera” todo el mundo tenía claro que la noche del lunes volveríamos a acudir a la misma puerta a parar el segundo intento de desahucio. Durante el fin de semana, el Sindicat se había preparado para una nueva resistencia y se habían añadido nuevas convocatorias solidarias como la de los colectivos estudiantiles o el movimiento pensionista.
De todos modos, los acontecimientos aún tenían que dar otro giro. El propio lunes 3 de febrero el Sindicat de Llogatres ha comunicado que el desahucio se suspende hasta el 18 de febrero. De nuevo el juzgado preveía que no iba a poder ejecutar la orden por la movilización popular. Este doble aplazamiento es una victoria fruto de la solidaridad de miles de personas, pero de momento tiene un regusto agridulce. El rentista Albert Ollé Bartolomé sigue enrocado en su posición beligerante. De hecho, ha publicado una carta dónde se victimiza, ataca a las vecinas y al Sindicat e insinúa que quizás vende el edificio. De nuevo la patronal catalana se ha hecho eco de las quejas de Ollé y se ha comprometido con una “defensa radical de la propiedad privada”.
Mientras tanto el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, ha querido colgarse una medalla. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado un proceso de mediación con todas las partes a través del Síndic de Greuges de Barcelona. Sin embargo, el Sindicat de Llogateres ha desmentido en un comunicado que se haya iniciado ninguna negociación. La organización inquilina sí que ha agradecido los esfuerzos del Sindic y se ha mostrado abierta a dialogar con un objetivo claro: que ninguna vecina de Casa Orsola tenga que abandonar su casa. El acto que tenía que dar el punto de partida a nueva vigilia en la puerta de Casa Orsola se ha reconvertido en una celebración con la participación, una vez más, de centenares de personas, grupos de música y colectivos (como los bomberos) que se han querido solidarizar.