La Marcha de la Dignidad catalana que reúne a movimientos sindicales y sociales diversos ha impulsado una iniciativa nueva: se trata del proceso para construir la Carta de Derechos Sociales en Cataluña con el máximo de movimientos y activistas posibles para intervenir en el actual debate destituyente-constituyente en torno al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y lo que pueda suceder después. Con este propósito convocaron una asamblea en el Pou de la Figuera (Barcelona) donde participaron más de una cincuentena de personas miembros de Las Kellys, Papeles para todos, la Asamblea Groga, la Marea Pensionista y otras muchas organizaciones sociales y políticas.
La jornada la abrió Marc Casanovas, activista del movimiento por la educación pública y sindicalista de la USTEC y la IAC, que explicó el porque de la propuesta de la Marcha de la Dignidad. Casanovas expuso que entre el 2011 y el 2014 Cataluña era uno de los territorios con más horas de huelga y movilizaciones de Europa y que en cambio hasta el 2016 la caída de la conflictividad social y laboral ha sido tal que no hay datos más bajos desde la Transición. Sin embargo, luchas como las Kellys, los estibadores, las jornadas de lucha de los docentes contra los presupuestos de la Generalitat o las luchas en defensa del territorio (Barcelona World, Pla Caufec, No más bloques) muestran una reavivada de la movilización pero muy fragmentada y sin coordinación.
En este contexto la propuesta de la Carta de Derechos Sociales quiere hacer visible una alternativa social de qué Cataluña queremos que se pueda contraponer a algunos adelantos en el proceso constituyente anunciado el 2015 y que ha quedado en papel mojado. El activista puso como ejemplo el debate «Ara és demà» celebrado en el Cosmocaixa donde se tenía que definir qué modelo educativo para una hipotética Cataluña independiente y los movimientos sociales tuvieron capacidad de hacer un debate en paralelo para poner sobre la mesa alternativas por ejemplo al mantenimiento de la escuela concertada. La Carta de Derechos Sociales quiere emerger en medio del estado de excepción al que el Estado español está recorriendo para parar el 1 de octubre y hacer una defensa de los derechos democráticos pero a la vez de los sociales y económicos. Marcar la agenda política y debatir sobre qué modelo de ciudadanía o de relaciones laborales se propone.
La asamblea se dividió en ejes (laboral, servicios públicos, feminismo y LGTBI, Derecho en la Ciutat y migraciones) y después de este debate en grupo se pusieron en grupo las conclusiones que servirán como un primer borrador para comenzar la extensión territorial de este proceso participativo e ir rehaciendo la Carta con las aportaciones de las diferentes asambleas territoriales.