La campaña estatal por el cierre de los CIE exige la liberación de todas las personas internas

Pepe Mejía | El IX encuentro anual de la Campaña Estatal por el cierre de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y el fin de las deportaciones ha denunciado la actitud pasiva de jueces y juezas de control para garantizar los derechos humanos de las personas actualmente privadas de libertad en los CIE.

En un comunicado hecho público, la Campaña Estatal por el cierre de los CIE considera que “Los CIE son un agujero negro en el Estado de derecho”. En el que se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito sino una falta administrativa. El no tener regularizada su residencia en el Estado español.

En su escrito también denuncian al Gobierno que sigue deportando incluso con el cierre de las fronteras “demostrando un absoluto desprecio a la salud pública”. El instrumento son los “acuerdos de la vergüenza” que trata de “normalizar” la expulsión de personas a países que ni tan siquiera son suyos.

“Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento, resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la sociedad diversa que ya somos”.

Las entidades de todo el Estado que impulsan la campaña el cierre de los CIE y CATE demandan, entre otras cosas, “El agravamiento de la vulneración de los derechos humanos en los CIEs que ha supuesto la COVID 19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria, el bloqueo en el acceso a la asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de traductores o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional”.

“Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE”.

Así como la “situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento”.

Denuncian “la continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios, y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad. La impunidad en la que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada de las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de los juzgados de control a múltiples quejas planteadas”.

Desde el aspecto jurídico denuncian “La situación de vulneración de derechos que se sigue teniendo lugar en los CATE, en los que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción en los que en los que se ha producido cuarentenas voluntarias, a pesar de que no cuentan con instalaciones apropiadas”.

Finalmente, exigen la liberación inmediata de todas las personas internas en los CIE y CATE, el cese de la actitud pasiva de jueces y juezas de control y su “intervención activa para garantizar los derechos humanos de las personas actualmente privadas de libertad en CIE”.

“Que se definan y apliquen protocolos eficaces para garantizar el derecho a la salud de las personas internas en CIE y CATE y para evitar la propagación de la COVID-19, con especial énfasis en la distribución de material de protección preciso, tanto en número como frecuencia, para todas las personas internas”.

Piden al Gobierno “El fin de las deportaciones por cualquier vía, ya sea terrestre, aérea, o marítima, y, particularmente el cese de las deportaciones de personas a países de los que no son nacionales, como a Marruecos, Mauritania o Argelia”.

Así como “Desistir de la construcción del nuevo macro CIE de Algeciras y la reforma de los CIE actuales y reasignar sus partidas presupuestarias a la acogida e inclusión de las personas migrantes”.

En cuanto a la regularización de migrantes solicitan “No dejar a nadie atrás facilitando la regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en el Estado español”.

En cuanto a las personas en movimiento en la frontera Sur piden un “cambio radical en la gestión migratoria que garantice eficazmente los DDHH… especialmente en las ciudades autónomas y en las islas Canarias”.