Oscar Blanco | Un dia entre semana a las 9 de la mañana se citan un nutrido grupo de activistas del centro social L’Obrera de Sabadell y de otras organizaciones de la ciudad vallesana como la PAHC Sabadell, con la que L’Obrera tiene una estrecha relación como ya hemos explicado en otras ocasiones en Poder Popular. El motivo de la excursión es menos ocioso que si la organizara el grupo excursionista “La Màquia” o si fuera una salida del Gimnasio Popular Rukeli para visitar a sus colegas del Sant Pau pero tan ineludible como cuando la PAHC cita a las personas solidarias para frenar un desahucio en puerta.

En la estación de Metro de Diagonal en Barcelona, según nos explica el activista de L’Obrera Artur, se les unen miembros de colectivos como la Oficina d’Habitatge de Gràcia o el Sindicat de Llogaters. Un centenar de personas se plantan en la sede principal de Cajamar en Barcelona en la calle Balmes para defender su espacio autogestionado. Se trata de una nueva acción de la campaña contra el desalojo de L’Obrera que comenzó hace ya más de un año cuando la entidad financiera les denunció. L’Obrera lleva en funcionamiento tres años. Antes el edificio de dos plantas con un enorme parking que ocupa llevaba abandonado más de 8 años tras haber sido un concesionario y un prostíbulo. Los activos tóxicos de Cajamar, como los de tantos otros bancos, fueron a parar a manos de un fondo buitre, en este caso Cerberus, y ahora pretenden destruir el proyecto cultural y social del Sur de Sabadell.

En julio las activistas intentaron empezar un proceso de negociación y la mediación del Ayuntamiento de Sabadell les permitió sentarse por primera vez con Cajamar.  Propusieron una cesión a 50 años en formato de masoveria urbana y Cajamar se comprometió a hacer una contraoferta. Sin embargo, en ningún momento retiraron la demanda y L’Obrera comenzó a hacer acciones a las sucursales de la caja rural para conseguirlas hasta el día de hoy siempre en sus oficinas de Sabadell. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento dónde se aprobó una  moción, de las asociaciones de vecinos más cercanas y de una enorme cantidad de personalidades públicas y colectivos con apoyos que han recopilado los últimos meses.

La autoinculpación de 17 personas permitió alargar los tiempos del juicio pero, como explica la militante del centro social Cristina Garcia, nunca tuvieron esperanzas judiciales porque sabian “que los tribunales estan para defender la propiedad privada”. De todas formas, los abogados del turno de oficio de Sabadell idearon una estrategia creativa de defensa con testimonios de vecinos en defensa de la labor social de L’Obrera. La sentencia, nos confirma Artur, ha sido favorable para Cajamar pero la jueza no responde a los argumentos de la defensa por lo que “se produce una incongruencia jurídica” que les lleva a presentar un recurso.

La acción de hoy ha permitido hablar de nuevo con los gerentes de Cajamar que han expresado que “nuestra propuesta de cincuenta años no era viable y se han mostrado sorprendido cuando les hemos dicho que estabamos esperando una contraoferta” nos narra Artur. Según Garcia, los gerentes se han comprometido a traspasar las demandas de L’Obrera a sus directivos y reactivar la negociación por una cesión temporal del espacio. Artur valora muy positivamente la acción más allá de su resultado negociador con Cajamar porque les ha permitido “entrar en contacto con colectivos como el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, el Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) o el Sindicat de Barri de Poble Sec” y empezar a conectarse que es lo que pretendían. El activista considera que la campaña contra el desalojo les está permitiendo dinamizar más aún L’Obrera con nuevas actividades deportivas como las clases de Muay Thai o Karate y sociales como el recientemente estrenado Punt d’Informació Laboral. Garcia constata esta vitalidad del proyecto y defiende que aunque intenten cooptarlos o comprarlos con migajas no se van a rendir fácilmente.